Los dirigentes macristas contactaron ayer a los principales referentes de la oposición porteña con la intención de frenar la espiral más temida por Maurizio, aquella que podría terminar en un pedido de juicio político de parte de los sectores más duros del abanico político de la ciudad.
La decisión del juez Norberto Oyarbide de llamar al líder de PRO a declarar como sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales, sacudió al gobierno porteño y lo obligó a poner en marcha un febril plan de contingencia. Una línea de contrataque apuntó a atenuar las reacciones de la oposición en la Legislatura. La otra buscó presentar al jefe de Gobierno como víctima de una operación política. Ambas estrategias pretenden amortiguar daños frente al impacto de la citación judicial, pero la marcha de la investigación aparece como una amenaza para el futuro político del jefe de Gobierno.
Por la tarde, en una conferencia de prensa, Macri siguió el guión definido frente a la crisis: el líder de PRO ratificó su inocencia y volvió a denunciar intencionalidad política detrás de la convocatoria del juez, fijada para el 22 de abril.
