Cristina ahora lanzó 240.000 viajes turísticos para jubilados por año‏

Al lanzar un programa de turismo para jubilados, la Presidente Cristina Kirchner afirmó este lunes que "la política previsional significa para nosotros administrar los recursos con responsabilidad y aumentar la actividad económica para incorporar todos los beneficios en beneficio de jubilados y activos".

"Más de 240 mil viajes por año podrán hacer a partir de ahora nuestros jubilados por la buena administración de los recursos de la ANSES. Ello también reactivará el turismo y la actividad económica que ello implica", dijo la Presidente.

Según la jefa de Estado, "la calidad de vida de los jubilados también se mide por la promoción del turismo y por el acceso a paquetes totalmente accesibles".

"El aumento de los recursos de la ANSES se relaciona con el mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados. Algunos no se preocupaban por los recursos de la ANSES cuando eran privados. Sólo se dedicaban a comprar acciones con el dinero de los jubilados", dijo la mandataria.

CLINCK CAJA. El secretario de Turismo, Enrique Meyer, sostuvo que el programa Turismo Mayor para jubilados dinamizará el movimiento turístico de baja temporada en todo el país.

Meyer señaló que el programa "nos entusiasma mucho porque refuerza todo el movimiento turístico en baja temporada". "Este movimiento -agregó- servirá para seguir fortaleciendo toda la cadena de valor del sector turístico".

El plan prevé paquetes con transporte aéreo para jubilados con destinos como la Costa Atlántica (en micro) Salta, Jujuy y Bariloche, entre otros, que costarán entre 600 y 2.700 pesos, con facilidades de hasta 36 cuotas.

Puntualmente, cuatro días en Villa Carlos Paz en bus, costará 700 pesos y Calafate y Ushuaia en avión, 2.700.

El rol de la Secretaría de Turismo será, según el funcionario, "fijarnos que quienes realicen las ofertas a lo largo y ancho del país cumplan los requisitos y estén al día como operadores turísticos".

 Colombia bajo la mira de la Corte Penal Internacional‏

La entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia abrirá hoy un nuevo capítulo para la justicia en el país, azotado por un conflicto interno de gran impacto en la sociedad.

  Tras una moratoria de siete años, según informa hoy Prensa Latina, la CPI tiene desde la víspera licencia para entrar a investigar los crímenes de guerra que se cometan en el territorio nacional por los diferentes actores involucrados en el conflicto, incluido los presidentes.

La intervención de ese tribunal especial estará sujeto a la acción de la justicia colombiana, es decir, cuando esta sea ineficaz para perseguir y castigar los crímenes de guerra.

Para Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, la competencia de la Corte es un fuerte mensaje a los altos dirigentes del país que pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad, como también para los líderes de los diferentes grupos armados ilegales.

A su vez, apuntó que para las víctimas del conflicto es un mensaje de esperanza porque se amplía la posibilidad de que un tribunal internacional pueda, en caso de no ocurrir en Colombia con la jurisdicción penal nacional, llevar a la justicia a los máximos responsables de esos crímenes.

En tanto, el gobierno señaló que no hay razón para que la CPI inicie investigaciones en el país, porque los acusados son procesados por la justicia nacional.

En ese sentido, el embajador colombiano ante ese organismo, Francisco Lloreda, sostuvo ese criterio, tras indicar que lo que sucede en su país no es comparable con otras naciones, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya intervino.

No obstante, la parlamentaria del oficialista Partido la U Lucero Cortés impulsa en el Congreso un proyecto de ley que buscar blindar a los uniformados que sean denunciados ante la Corte, toda vez que la Fuerza Pública ha sido responsable de varios crímenes de lesa humanidad.

Según Cortés, dicha iniciativa no busca generar impunidad, sino que lo militares cuenten con el derecho básico a la defensa.

Lo cierto es que el mayor número de homicidios de civiles al año en Colombia no es obra de las guerrillas, sino del ejército y de grupos paramilitares, bajo la complicidad de numerosos políticos identificados con el actual gobierno.

Asimismo, una gran mayoría de los más de cuatro millones de desplazados internos fue expulsada de sus lugares de origen por la violencia paramilitar, con el consiguiente despojo de incalculables hectáreas de tierras.

Recuperan Abuelas de la Plaza de Mayo a nieto 98 robado en la dictadura

 

La última nieta recuperada había sido anunciada en febrero de este año. Se trata de la hija de Antonio García y Beatriz Recchia, quienes fueron capturados en 1977.

Según publica hoy La Jornada de Mexico la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo anunció el lunes la identificación de una hija de desaparecidos, robada al nacer durante la dictadura argentina (1976/83), con lo que suman 98 los nietos robados que recuperaron su verdadera identidad.

La entidad, presidida por Estela Carlotto, informó en un comunicado sobre el hallazgo.
La última nieta recuperada había sido anunciada en febrero de este año y se trata de la hija de Antonio García y Beatriz Recchia, quienes fueron capturados en 1977.
García fue asesinado y sus restos fueron hallados, pero la mujer está todavía desaparecida.
Centenares de mujeres embarazadas, que fueron secuestradas y detenidas durante el terrorismo de Estado, dieron a luz en maternidades clandestinas, antes de ser desaparecidas mientras sus bebés les fueron arrebatados y entregados a represores o sus cómplices.
Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 bebés nacieron en cautiverio, de los cuales fueron identificados 98 desde que la organización inició su tarea de búsqueda en 1977, en plena dictadura.

Crean Red Para Monitorear Cambio Climático En La Antártica

Alrededor de 40 científicos de diferentes países anunciaron hoy la instauración de un sistema que permitirá conocer los efectos de este fenómeno en zonas como Magallanes y sus consecuencias en la Tierra.

En el contexto de la "Declaración de Magallanes" -acuerdo firmado por cerca de 40 científicos de Chile, Estados Unidos, Alemania, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda-, se anunció este domingo la creación de una red para monitorear el cambio climático en la zona y cómo éste afecta al mundo.

La anunciada "Red de Cambio e Investigaciones de Biodiversidad" busca anular la falta de conocimiento que existe entorno a los efectos de este fenómeno climático en Magallanes y la Península Antártica.

El pacto que incluyó esta iniciativa se consiguió luego de 3 días de debate en la ciudad de Punta Arenas y busca el desarrollo de medidas concretas en la región para implementar medidas de mitigación conta el calentamiento global.

Lo acordado -suscrito en el marco del encuentro internacional "Cambio Climático en la región de Magallanes y la Antártica: Evidencias y Desafíos para el Futuro"- busca materializar un llamado a todos los organismos relevantes, a nivel nacional e internacional, para contribuir con recursos para implementar investigaciones de largo plazo.

Asimismo, plantea la necesidad de fomentar la cooperación chilena e internacional, y fortalecer el capital humano.

 Interpretación del acuerdo enfrenta a Micheletti y Zelaya en Honduras

TEGUCIGALPA — Según informa hoy AFP el presidente derrocado, Manuel Zelaya, instó este lunes al gobierno de facto a que deje las "estrategias dilatorias" para aplicar el acuerdo alcanzado y poner fin a la crisis política, mientras el Congreso sigue sin definir una fecha para votar su eventual restitución.

Las dos delegaciones se han enfrascado en una guerra retórica por la interpretación del acuerdo Tegucigalpa/San José/ Diálogo de Guyamuras firmado el viernes, que deja abierto el primer punto: la restitución del presidente derrocado.

Zelaya considera que su restitución -que según el acuerdo deberá ser votada en el Congreso- está implícita en el cronograma del documento firmado, que contempla que para el 5 de noviembre haya quedado constituido el gobierno de unidad nacional, que él debe presidir.

"Si va a la semántica literaria del lenguaje, ahí no van a encontrar la respuesta", pero la "conciliación y el espíritu de concertación tiene que ver con las partes en conflicto para que los dos salgan totalmente armonizados", dijo a la AFP.

Para Zelaya, el "espíritu" del acuerdo, es revertir el golpe de Estado del 28 de junio.

Sin embargo, la comisión negociadora del gobierno de facto de Roberto Micheletti no lo ve así y descarta que haya un acuerdo "bajo la mesa" para restituir automáticamente al presidente depuesto, que se refugia en la embajada de Brasil desde que llegó subrepticiamente al país el pasado 21 de septiembre.

"No hay acuerdo bajo la mesa", zanjó Arturo Corrales, en un desayuno con corresponsales extranjeros este lunes, enfatizando que es el Congreso el que debe decidir la restitución de Zelaya.

En cambio, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, cuyo país forzó la firma del acuerdo, fue más diplomático: "Yo no voy a comentar en lo específico, lo que sí digo es que Estados Unidos como toda la comunidad internacional apoya al Acuerdo Tegucigalpa/San José y espera que se implemente de la forma más expedita para resolver los problemas de Honduras.

Zelaya espera que la Comisión de Verificación del acuerdo, integrada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, así como por los hondureños Enrique Reina, por Zelaya, y Arturo Corrales, por Micheletti, aclare esta confusión.

Tanto Solís como Lagos y el secretario para Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, llegan este martes a Tegucigalpa.

La salida a la crisis pasa por el Congreso, que está en receso hasta después de las elecciones del 29 de noviembre.

Al menos 65 diputados de los 128 del Congreso tendrían que votar a favor de esta cláusula para restituir a Zelaya en la presidencia hondureña, pese a que mayoritariamente votaron a favor de su destitución el 28 de junio.

El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, del Partido Liberal (PL, el mismo que el de Zelaya y Micheletti) dijo que los diputados iban a recibir este lunes "copia" del acuerdo.

"Una vez que tengamos el conocimiento de los alcances y de la dinámica de este acuerdo y que los miembros de la directiva tengan conocimiento vamos a definir cuál es la ruta que se va a seguir", añadió Saavedra, aunque no dio ninguna pista sobre cuándo se reunirá el Congreso.

Saavedra advirtió que "el Congreso Nacional es un poder totalmente independiente del resto de los poderes constituidos" y cada diputado será libre de decidir en el momento la votación.

Lo que no contempla el acuerdo es qué pasaría si la decisión de los legisladores es contraria al regreso de Zelaya. El presidente depuesto advirtió que seguiría el golpe de Estado.