El juez federal Norberto Oyarbide le puso un número a la fortuna de Ricardo Jaime: cuarenta millones de pesos es el monto que resolvió embargarle al ex secretario de Transporte y a su familia en la causa en la que investiga su posible enriquecimiento ilícito. También ordenó secuestrar el yate y el avión que se le adjudican, ya que en los últimos allanamientos apareció documentación que refuerza la teoría de que podrían ser suyos, aunque estén a nombre de enigmáticas sociedades extranjeras.
Oyarbide también había dispuesto la inhibición de bienes de Jaime, su esposa Silvia Reyss y sus respectivas hijas. Todos ellos, además, tienen prohibida la salida del país. El embargo es una medida dirigida a propiedades específicas que quedan congeladas en cuanto se notifica a los registros provinciales correspondientes: son cuatro inmuebles en Córdoba, dos en Río Gallegos y dos en Brasil. El objetivo, en cualquier caso, es evitar que el ex funcionario y quienes se sospecha que podrían haber contribuido a que disfrazara su riqueza hagan operaciones económicas que terminen borrando pruebas o les permita deshacerse de posesiones aún no detectadas o cuya titularidad está en plena verificación.
