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jueves, 29 de octubre de 2009

Medios con licencia hasta el 2015 ratificaron
las prorrogas otorgadas por Kirchner

La Cámara de Senadores ratificó anoche la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Néstor Kirchner prorrogó en el 2005, por diez años, las licencias de los medios de comunicación de radio y televisión. El decreto había sido firmado en mayo de aquel año y tratado por los Diputados el 18 de julio de 2007, pero no había pasado por el Senado para ser ratificado.
Según nos informa hoy Página 12, el DNU fue aprobado por la Cámara alta con el quórum justo, por 28 votos a favor y nueve en contra. Al defender la firma del decreto y su aprobación, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, manifestó que el decreto surgió a pedido de las empresas periodísticas que habían sufrido fuertes pérdidas económicas e incluso caído en situación de concurso público. “No es cierto que este decreto vaya en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, aseguró, refiriéndose a que muchas de las licencias deberán ser vendidas en poco tiempo por no cumplir los requisitos exigidos por la nueva ley de medios. Pichetto agregó que “hubo una demora involuntaria (en tratar el DNU) cuando, en realidad, debíamos tratarlo y darle solución” y sostuvo que “el artículo de desinversión no choca con la validez de este decreto”. El rionegrino consideró, en ese sentido, que con la vigencia del decreto “las empresas van a tener la posibilidad mejor de negociar cuando deban desinvertir”, porque “no es lo mismo vender radios o canales que tengan diez años de vigencia que otros que tengan las licencias vencidas”.
En cambio, el radical Luis Naidenoff indicó que el decreto fue dictado “por una cuestión política, a través de un atajo que siempre se busca para evitar la discusión en el Congreso”. Naidenoff criticó el decreto desde aspectos formales pero finalmente apoyó la prórroga de 10 años de las licencias.
La resolución del Poder Ejecutivo lleva las firmas del ex presidente Néstor Kirchner, de los entonces ministros Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Alicia Kirchner, Ginés González García, Roberto Lavagna, Carlos Tomada, Horacio Rosatti y de los ahora senadores José Pampuro y Daniel Filmus.

Picún Leufú: la provincia sólo sabe de derechos… petroleros

La violencia se impone una vez más en la comunidad Huenctru Trawel Leufu, en cercanías de Picún Leufú. Los comuneros informaron hoy que más de 100 uniformados, con perros, motos y carros hidrantes, permanecen apostados en diferentes puntos del territorio. El clima de beligerancia se recrudeció ayer cuando operarios de Petrolera Piedra del Águila (PPA), escoltados por policías y el abogado de empresa, Alejandro Diez, intentaron entrar al territorio en disputa avalados por un fallo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Cutral Có.
Desde hace más de dos años los mapuche impiden el ingreso de la compañía petrolera, ya que la provincia concesionó su territorio como área de exploración sin haber realizado la consulta previa, libre e informada en caso de afectar a pueblos indígenas que obligan tanto legislación internacional, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como interna, constituciones nacional y provincial . (Incluso esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén emitió un fallo frenando momentáneamente el proyecto de explotación de una mina de oro en Loncopué ya que fue autorizado sin la previa consulta a la comunidad Mellao Morales. [1])
En este contexto ayer el subsecretario de Hidrocarburos y Energía de Neuquén, Héctor Mendiberri, fue el encargado de la artillería gubernamental. En declaraciones a la prensa sostuvo: “[los comuneros del lof Huenctru Trawel Leufu] no se encuentran asentados en el registro [de] Personas Jurídicas donde están inscriptas todas las comunidades mapuches” [2], como si sólo fueran sujetos de derechos a partir del reconocimiento estatal, cuando no es así. Por otra parte el funcionario faltó a la verdad con sus dichos, ya que la comunidad sí está inscripta, pero en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y es la provincia quien se niega a reconocer la potestad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Según el portal de noticias Diariamente Neuquén “desde el gobierno sostienen que se trata de una familia que vino desde la provincia de Río Negro y no tiene nada que ver con las comunidades mapuches de la zona” [3]. La afirmación constituye un hito en la reiterada política de incumplimiento de las obligaciones de los estados; a la conocida excusa del origen trasandino de los mapuche, desde el anonimato se da una vuelta de tuerca y se afirma que un lof no tiene derechos porque es originario de otra provincia. Pero en concreto poco importa si los ancestros de los comuneros vinieron de uno u otro lado del río Limay -límite de las provincias de Río Negro y Neuquén-, ya que tanto a nivel nacional como provincial se reconoce la preexistencia de este pueblo al estado argentino. Es decir, que era un pueblo con un territorio previo que el estado levantara sus fronteras administrativas, tanto hacia adentro como hacia afuera.
A principios de 2008 se conformó una mesa de negociaciones donde estaban representados la comunidad y la Confederación Mapuche, la provincia y la empresa: de esta instancia surgió el compromiso de realizar un estudio de impacto ambiental y cultural previo a cualquier intervención de la petrolera, pero la iniciativa nunca se ejecutó por falta fondos. Durante algunos meses la disputa fue al freezer y se reavivó cuando los estímulos del plan nacional GasPlus -aumento de precios para el combustible obtenido en nuevas exploraciones- alcanzó al yacimiento Ramos Mexía controlado por PPA. Si bien desde el principio fueron evidentes los vínculos entre diferentes estamentos del partido-estado Movimiento Popular Neuquino y Petrolera Piedra del Águila, a lo largo del conflicto las autoridades provinciales intentaron diversos abordajes hasta llegar a al punto en que se confunden los intereses de la empresa y la provincia donde las declaraciones del Subsecratario de Hidrocarburos y el abogado de la petrolera se funden en una sola voz.
Este nuevo intento de la empresa de avanzar sobre el territorio de la comunidad está respaldado por un fallo emitido a principios de septiembre. Esta resolución judicial, junto a otras del mismo tenor, motivaron una reciente carta de la Confederación Mapuce Neuquina (CMN) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Sr. James Anaya. “Con mínimas excepciones, en la Provincia la gran mayoría de los tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados. Tampoco se aplican las normas que imponen el conocimiento de la especificidad cultural: en los procesos judiciales los pedidos de prueba tendiente a acreditar las características culturales propias son rechazados en forma sistemática y los órganos judiciales superiores no consideran que los jueces que lo hacen carezcan de imparcialidad” señala la misiva firmada por el lonko Elías Maripan -máxima autoridad de la CMN- y el abogado Juan Manuel Salgado, titular del ODHPI. [4]
En la correspondencia sostienen que “a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.
-Diez pal peso

“No tienen ningún tipo de propiedad ancestral ni ningún tipo de posesión ancestral. Ellos están en este lugar hace más o menos unos 20 años y bueno, creen que por ese tipo de posesión pueden usurpar y toda esta situación de las comunidades mapuches ejercer una posición que no es tal”, sostuvo el abogado de PPA en declaraciones a LU5 y RTN [5]. Alejandro Diez es el titular de Diez Abogados, estudio que presta asistencia a empresas radicadas en Neuquén y Río Negro, entre ellas a la constructura zapalina C.N. SAPAG S.A., de Carlos Natalio “Nuno” Sapag -el hermano del gobernador neuquino.

A principio de septiembre Nuno Sapag calentó el ambiente con sus declaraciones al diario Río Negro, denunciando que, en sus demandas, los mapuche son apoyados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) y la guerrilla separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), y aseguró que pretenden instaurar “un régimen de terror e inseguridad” en la provincia. [6] Estas afirmaciones -que tienen sustento en la caracterización que a nivel continental hacen las fuerzas de derecha respecto de la “emergencia indígena”- marcaron el punto de partida de un nuevo proceso de criminalización impulsado por ganaderos e industriales que ven afectados sus intereses por las conquistas indígenas. En menos de un mes, la serpiente rompió el cascarón y del huevo salieron proyectos legislativos como el presentado por el diputado José Luis Sáez, del bloque kirchnerista Concertación Neuquina para la Victoria: “Artículo 1° Solicitar al señor fiscal federal en turno con competencia en la Provincia del Neuquén inicie con carácter de urgente una minuciosa investigación relacionada a las denuncias públicas efectuadas en medios periodísticos que aseguran que existiría una campaña de infiltración desde el país trasandino de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza”. [7]
En los fundamentos Sáez afirma: “hoy la situación tiene un componente extremo que agrava aún más el problema; nos encontramos con una decisión por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a llevar adelante acciones que colisionan con la legalidad y pretenden hacer valer sus supuestos derechos tomando tierras privadas y/o estatales desconociendo el Estado de Derecho. (…) Hasta este punto podríamos afirmar que con la sola intervención de la Justicia ordinaria y la aplicación de las normas vigentes podríamos encaminar la situación, pero si a esto le sumamos -y surge de las denuncias públicas efectuadas- que la toma de tierras responde a un plan y a una estrategia con un fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, estamos frente un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la soberanía y seguridad nacional, por lo que amerita tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia”. [8]
A las afueras de Picún Leufu, rumbo a Piedra del Águila, se libra otra cotienda entre los derechos de los pueblos originarios y los intereses de las corporaciones. El Estado provincial ha tomado partido abiertamente, y el ambiente está enrarecido por los augurios de violencia.

Referencias:
[1] Fallo de TSJ Neuquino de no innovar en expediente minero. http://www.redaj.org/spip.php?article141
[2] Diariamente Nuequén, 29/09/09.  http://www.diariamenteneuquen.com.ar/index.php?action=noticia&id=4932
[3] Ibid.
[4] Denuncia internacional de la COM por discriminación racial en Neuquén. http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/693589.php
[5] Diariamente Nuequén, 29/09/09.
[6] Río Negro, 4/09/09. http://rionegro.com.ar/diario/2009/09/04/1252033399220.php
[7] La mentira terrorista toma estado legislativo en Neuquén. http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/694992.php
[8] Ibid.
Caminos y agentes del saqueo en América Latina

Nos encontramos actualmente en un momento de crisis sistémica del capitalismo. Si bien el carácter sistémico de la crisis muestra la insustentabilidad civilizatoria del capitalismo, ni lo elimina de manera natural, ni le impide buscar su recomposición. El capitalismo se defiende y se reconstruye permanentemente a través del diseño de un conjunto de estrategias integrales, multidimensionales, que se despliegan planetariamente, entre las que se encuentran los megaproyectos de reordenamiento territorial, que son necesariamente también de reordenamiento político, como el de la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA.
Nos encontramos actualmente en un momento de crisis. Crisis sistémica que no anuncia una caída o estallido inmediato, sino que es la expresión de la vocación mutante del capitalismo y de su capacidad de adaptación o readecuación a las condiciones cambiantes del acontecer no sólo económico sino social. Si bien el carácter sistémico de la crisis muestra la insustentabilidad civilizatoria del capitalismo, ni lo elimina de manera natural, ni le impide buscar su recomposición. La crisis da paso a una mucho mayor concentración de la riqueza y el poder y concede condiciones de fuerza y al mismo tiempo de vulnerabilidad a un poder cada vez más exclusivo y excluyente que, en su arrogancia, va poniendo en operación mecanismos variados de soporte y de articulación o cohesión en un entorno crecientemente contradictorio.
La crisis cíclica, en las circunstancias actuales, es indicativa de la incapacidad del mercado para garantizar por sí solo las condiciones generales del proceso de acumulación del capital y de apropiación privada de la riqueza y, en ese sentido, apela a los mecanismos de contención social para asegurar aquello que el mercado no logra cohesionar y controlar, sobre todo cuando la economía capitalista es al tiempo legal e ilegal. A nadie escapa que la crisis económica no está tocando los sectores ilegales que sin duda contribuyeron a generarla y muy probablemente serán parte de su solución.
Como quiera, la crisis exige un cambio de estrategia y un cambio de modalidad de dominación que abarca todas las dimensiones de la organización social, territorial y política del sistema, sobre todo porque la necesidad de restablecimiento de las condiciones generales de valorización correspondiente a los momentos de ajuste cíclico, característicos del funcionamiento regular del proceso de acumulación de capital, ocurre ahora en un contexto de cuestionamiento integral, de crisis sistémica, de incapacidad para resolver internamente la contradicción progreso-depredación que proviene de los fundamentos mismos de la sociedad capitalista como lugar del dominio de la naturaleza por el hombre.
Por este motivo la crisis actual no es solamente financiera ni se resuelve con subsidios y ajustes estatales o con fusiones y centralización del capital. Eso permite seguir adelante pero simultáneamente agrava la situación de suicidio técnico en que se encuentra irremediablemente el capitalismo, a pesar de su capacidad para mantener al mundo entero bajo sus reglas de funcionamiento, aun sabiendo que tienden, paradójicamente, a la insustentabilidad de la vida misma.
La IIRSA como estrategia de poder hegemónico
La fuerza interna del capitalismo se defiende y se reconstruye permanentemente a través del diseño de un conjunto de estrategias integrales, multidimensionales, que se despliegan planetariamente, entre las que se encuentran los megaproyectos de reordenamiento territorial, que son necesariamente también de reordenamiento político, como el de la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA. La principal virtud de proyectos como IIRSA es la de ser capaces de restablecer y potenciar las condiciones generales de la valorización, más que la de generar negocios suculentos en su propia puesta en práctica, cosa que también ocurre.
Observados desde una perspectiva amplia, la IIRSA y el Plan Puebla Panamá son dos partes de un mismo proyecto: los dos fueron supuestamente ideados por algún Presidente de la región, en un caso Fox, en México, y en el otro Cardoso, en Brasil. Con toda la distancia cultural, intelectual y política que hay entre ambos, presuntamente al mismo tiempo diseñaron dos proyectos similares y geográficamente empatados. Las negociaciones y puestas en práctica específicas varían de acuerdo a las condiciones subregionales, pero los fundamentos de los proyectos no: construir una infraestructura de comunicaciones, transportes y generación de energía que constituya un ágil y dinámico sistema circulatorio que permita enlazar las economías regionales al mercado mundial.
Un único proyecto de mercantilización total de la naturaleza para uso masivo desde el centro de México hasta la punta de Tierra del Fuego. No se trata de la explotación de los elementos naturales para uso doméstico, ni local ni nacional, sino de su explotación de acuerdo con las dimensiones de un comercio planetario sostenido, en un 50 %, por empresas transnacionales. La infraestructura que se propone –y que se requiere- es justamente la que permitirá a América Latina convertirse en una pieza clave en el mercado internacional de bienes primarios, a costa de la devastación de sus territorios, abriendo nuevamente esas venas de la abundancia que sangran a la pachamama y que alimentan la acumulación de capital y la lucha mundial por la hegemonía. El diseño de esta infraestructura va del corazón a las extremidades, del centro de Sudamérica hacia los puertos en el caso de IIRSA y de Colombia-Panamá hacia la frontera con Estados Unidos en el caso del Proyecto Mesoamericano, nuevo nombre del Plan Puebla Panamá.
La dimensión de la explotación del territorio de América Latina y de extracción de sus elementos valiosos se encuentra en relación con los niveles crecientes demandados por una economía mundial que responde a las vertiginosas necesidades de multiplicación de las propias ganancias mucho más que a las necesidades reales de la población del mundo, y llama a una agilización de la circulación de mercancías para reducir al máximo los momentos improductivos del capital. El nivel de extracción y producción de las empresas involucradas, aun cuando su origen sea local, se ha modificado en proporción a esta nueva demanda de recursos. Casos como el de Vale do Río Doce son sintomáticos de las nuevas dinámicas: empresa enraizada en la producción minera en una zona de gran abundancia de yacimientos es poco a poco extranjerizada a través de la colocación de acciones en la bolsa de valores de Nueva York o similares y sus niveles de producción, ya grandes, se multiplican de acuerdo con las necesidades de valorización de los capitales propietarios. El ritmo de los trenes que transportan el hierro al puerto se incrementó y la cantidad de vagones cargados se multiplicó en los últimos años, asegurando con ello la posesión privada, fuera de la tierra, ya en calidad de mercancía, de un elemento natural que se ha convertido en parte importante de la disputa hegemónica. Con esto se generación de energía que constituya un ágil y dinámico sistema circulatorio que permita enlazar las economías regionales al mercado mundial.
Un único proyecto de mercantilización total de la naturaleza para uso masivo desde el centro de México hasta la punta de Tierra del Fuego. No se trata de la explotación de los elementos naturales para uso doméstico, ni local ni nacional, sino de su explotación de acuerdo con las dimensiones de un comercio planetario sostenido, en un 50 %, por empresas transnacionales. La infraestructura que se propone –y que se requiere-es justamente la que permitirá a América Latina convertirse en una pieza clave en el mercado internacional de bienes primarios, a costa de la devastación de sus territorios, abriendo nuevamente esas venas de la abundancia que sangran a la pachamama y que alimentan la acumulación de capital y la lucha mundial por la hegemonía. El diseño de esta infraestructura va del corazón a las extremidades, del centro de Sudamérica hacia los puertos en el caso de IIRSA y de Colombia-Panamá hacia la frontera con Estados Unidos en el caso del Proyecto Mesoamericano, nuevo nombre del Plan Puebla Panamá.
La dimensión de la explotación del territorio de América Latina y de extracción de sus elementos valiosos se encuentra en relación con los niveles crecientes demandados por una economía mundial que responde a las vertiginosas necesidades de multiplicación de las propias ganancias mucho más que a las necesidades reales de la población del mundo, y llama a una agilización de la circulación de mercancías para reducir al máximo los momentos improductivos del capital. El nivel de extracción y producción de las empresas involucradas, aun cuando su origen sea local, se ha modificado en proporción a esta nueva demanda de recursos. Casos como el de Vale do Río Doce son sintomáticos de las nuevas dinámicas: empresa enraizada en la producción minera en una zona de gran abundancia de yacimientos es poco a poco extranjerizada a través de la colocación de acciones en la bolsa de valores de Nueva York o similares y sus niveles de producción, ya grandes, se multiplican de acuerdo con las necesidades de valorización de los capitales propietarios. El ritmo de los trenes que transportan el hierro al puerto se incrementó y la cantidad de vagones cargados se multiplicó en los últimos años, asegurando con ello la posesión privada, fuera de la tierra, ya en calidad de mercancía, de un elemento natural que se ha convertido en parte importante de la disputa hegemónica. Con esto se acrecienta el saqueo del que han sido objeto los pueblos latinoamericanos desde hace más de 500 años, con los inicios de la conquista-colonización, y se somete a los territorios, espacio de la relación naturaleza-sociedad a una depredación salvaje e irreversiblehace más de 500 años, con los inicios de la conquista-colonización, y se somete a los territorios, espacio de la relación naturaleza-sociedad a una depredación salvaje e irreversible (3).
La exportación de materias primas, vista por los analistas macroeconómicos como un signo de desarrollo y prosperidad, está alterando las condiciones mismas de la vida por su carácter masivo y por responder a necesidades ajenas a las de las sociedades locales. Y lo mismo ocurre con las modernas vías de transporte que se proponen y se están habilitando con la IIRSA. Las rutas de la IIRSA colocan al enorme territorio sudamericano a disposición de las necesidades de saqueo de los recursos estratégicos, como puede observarse en el mapa 1 que muestra lo que yo considero el diseño estratégico de la IIRSA .
Ahora los canales interoceánicos no buscan la ruta más corta entre océanos sino la más vasta, la más rica. Los 80 kms del Canal de Panamá son ahora sustituidos por 20 mil km de la ruta amazónica. Esta diferencia de criterios pone en evidencia que la conexión tiene otros propósitos que los buscados en el pasado, de conformidad con el aumento de capacidades y envergadura de la apropiación capitalista. Con las rutas de la IIRSA se asegura no solamente la extracción de recursos de cada una de sus partes, sino que esa extracción se realice de manera articulada. Se vinculan intereses nacionales o locales con intereses transnacionales e incluso estratégicos.
Las rutas de IIRSA pasan por las fuentes de agua, minerales, gas y petróleo; por los corredores industriales del subcontinente; por las áreas de diversidad genética más importantes del mundo, por los refugios indígenas y por todo aquello que es valioso y apropiable en Sudamérica. La ampliación de los caudales de los ríos para dedicarlos al tránsito intenso está poniendo en riesgo los pantanales y degradando las condiciones de vida de especies animales y vegetales al tiempo que violenta los modos de vida de comunidades aledañas o vinculadas; la explotación y exportación masiva de minerales castiga a la selva con un tráfico pesado constante que va comiéndose rápidamente la mancha amazónica y amenaza los glaciares; las modalidades locales de organización de la vida se ven confrontadas con una dinámica vertiginosa que no les corresponde y que las altera externa e irreversiblemente.
El entramado de intereses de la IIRSA
Han sido ampliamente denunciados los daños presentes o previsibles que acompañan este proyecto y aun así la insistencia por mantenerlo es tenaz. Cabe preguntarse entonces qué clase de intereses prevalecen sobre los altísimos riesgos ecológicos y sociales que entraña la IIRSA.
Por un lado, el hecho de contar con la anuencia o incluso el entusiasmo de muchos de los gobiernos latinoamericanos es resultado de una combinación en la que gobiernos y empresas locales reciben algunos beneficios que, a su nivel, pueden ser significativos.
Por otro lado, evidentemente una red infraestructural de las características de la planeada es sin duda un facilitador de las actividades extractivas, y económicas en general, de los grandes capitales del mundo en busca de recursos competidos y valiosos, que en muchos casos pueden ser considerados estratégicos para la reproducción global del sistema y, por tanto, para el aseguramiento no sólo de las condiciones de vida del capitalismo sino también de la hegemonía.
La construcción misma de la infraestructura parece no ser el plato más codiciado. Las grandes transnacionales tienen como foco de interés la explotación de los recursos, mucho más que los negocios grandes para los inversores locales, pero relativamente pequeños para ellas, de construcción de carreteras, ferrovías, hidrovías, represas y otros similares.
Por la manera como se han comportado los gobiernos y las empresas, parece haber casi un acuerdo de complementariedad en el que ambos se benefician y por ello mismo ambos defienden el proyecto como propio. El abigarramiento de intereses se ha acrecentado últimamente por la entrada de capitales extranjeros a empresas locales, las más de las veces relacionadas con las actividades extractivas, como es el caso de Vale do Río Doce. Estas empresas se potencian, aumentan su producción y, evidentemente, sus exportaciones; se vinculan más estrechamente al mercado mundial, pero siguen apareciendo como nacionales cuando en varios casos su capital es ya mayoritariamente extranjero.
Quizá la empresa latinoamericana más favorecida por la IIRSA actualmente es la Odebrecht, que se anuncia como empresa brasileña. Por tratarse de una empresa de ingeniería y construcción, en esta primera etapa se ha involucrado en proyectos en toda la región de IIRSA.
Odebrecht tiene inversiones en América en 13 países, además de Brasil. Abarca geográficamente desde México hasta Argentina, con actividades también en el Caribe (República Dominicana), Centroamérica (Costa Rica, Panamá) y Sudamérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), como puede observarse en el mapa, que muestra la cercanía de las áreas de sus proyectos de inversión con las que contienen los recursos más valiosos.
En las actividades extractivas históricamente se ha registrado la presencia de grandes transnacionales extranjeras, y de ahí esta vinculación de intereses que mencionábamos. Es un sector en el que la competencia dificulta la entrada de capitales nacionales, sobre todo después de la desprotección y el cambio de criterios sobre los patrimonios nacionales inducidos por el neoliberalismo.
Revisando las listas de las 500 empresas más grandes del mundo elaborada desde hace ya largo tiempo por la revista Fortune, y las de las 500 más grandes de América elaborada por la revista América economía, lo que se observa es la escasa participación de empresas latinoamericanas en las actividades de mayor envergadura. Aún cuando se encuentren en estas actividades, su participación es de mucho menor monta, excepto en los casos de Odebrecht, Aracruz y Votorantim, las tres originalmente brasileñas.
La extracción de petróleo y gas tiene en algunos países exclusividad de empresas del Estado pero, en lo que toca al resto, las empresas principales en este sector son Exxon, Royal Dutch, British Petroleum, Chevron, CONOCO-Phillips, ENI, Petrobras, Repsol-YPF, SK, Occidental Petroleum, Lukoil, EnCana y Oil and Natural Gas. La localización de proyectos de estas empresas no deja duda de su buen tino pues se encuentran en todas las regiones de importantes yacimientos, como se observa en el mapa. Estas locaciones quedan bien protegidas por las facilidades infraestructurales proyectadas por IIRSA, de manera que su acceso al mercado mundial, de por sí ya bastante ágil, se vería aún mejorado.
Los minerales, elementos que conforman la estructura material básica de los procesos productivos, tienen en América Latina uno de sus espacios de mayor diversidad y abundancia. Los minerales metálicos son foco de atracción de grandes empresas de dimensión planetaria como Anglo American, BHP Billinton, Río Tinto, Vale do Río Doce, Xstrata y Nippon Mining Holdings, y su distribución territorial las lleva a diversas regiones sudamericanas que en todos los casos tendrán la virtud de ser articuladas a través de las rutas de IIRSA (ver mapa).
La apropiación de bosques, naturales o generados artificialmente, tiene sus principales zonas en puntos muy específicos. Su despliegue territorial es mucho menos extendido que los de las actividades anteriores, pero se trata también de capitales de gran envergadura, vinculados con la producción de celulosa y papel (ver mapa). Las empresas principales que se encuentran en el sector son Stora Enzo, Weyerhauser, Aracruz Celulose, Votorantim Celulose, Kablin, Suzano Papel e Celulosa, CELCO y CMPC, las dos últimas con inversiones en el sur de Chile.
Evidentemente además de todas las empresas mencionadas hay un entramado de empresas más pequeñas vinculadas con las actividades de las grandes, sin embargo o bien son completamente dependientes de éstas, o sus niveles de producción no repercuten en los grandes mercados ni definen las dinámicas de la economía.
La idea de mostrar el despliegue geográfico de estas grandes inversiones proviene del interés de revisar la capacidad de estos agentes capitalistas para ocupar y definir el territorio y sus dinámicas. Una de las cosas que nos debe preocupar es cómo el territorio está siendo expropiado y cómo proyectos como IIRSA refuerzan esa tendencia.
Y, en realidad, aunque en este terreno podemos constatar la gran cantidad y diversidad de los intereses en juego, es el sujeto hegemónico quien marcha a la cabeza del proceso. Nosotros tenemos un cálculo del territorio extranjero ocupado por bases militares estadounidenses pero sería necesario medir el ocupado por las propiedades de las empresas para tener una idea cabal de la dimensión territorial de la dominación.
Con esos cálculos podríamos encontrarnos en mejores condiciones para valorar si es IIRSA un proyecto de los Estados sudamericanos o una exigencia de esos grandes capitales que arrastran a los Estados a formular las políticas que los benefician, porque ¿qué son los Estados hoy si no una parte de ese sujeto económico, de ese sujeto dominante que a veces se llama capital brasileño, a veces capital ecuatoriano, muchísimas más veces capital estadounidense pero que, finalmente, revela una fusión de intereses en relación con el gran capital de las empresas trasnacionales, impulsadas, protegidas y representadas por el Estado norteamericano.
Incluso hoy aunque es difícil hablar de nacionalidad del capital, efectivamente hay un enorme peso del capital estadounidense en todas las actividades más importantes, más dinámicas y con mayor futuro en el mundo. Eso autoriza a seguir hablando del sujeto estadounidense como sujeto hegemónico, es decir, ese gran capital que se aglutina en torno al Estado estadounidense aunque contenga algunos mexicanos, brasileños, japoneses o capitales provenientes de cualquier otro lugar pero incorporados orgánicamente a esa estructura de poder.
 
Ana Esther Ceceña, economista mexicana
La ONU arremete contra EE.UU. por ataques con aviones no tripulados

Naciones Unidas ha advertido a Washington respecto al uso indiscriminado de ataques con drones (aviones sin tripulación) en Pakistán y Afganistán, diciendo que podría estar violando el derecho humanitario.
El relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, dijo que EE.UU. no ha hecho nada para demostrar que no está matando a civiles en violación del derecho internacional mediante el uso de aviones no tripulados.
Mi preocupación es que estos aviones no tripulados, estos 'Predator', estén operando en un marco que podría violar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos", declaró en una conferencia de prensa, tras presentar ayer un informe en el que aborda esta cuestión al comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU.
"El Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de revelar más sobre el modo en que se asegura de que no se están llevando a cabo ejecuciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, mediante el uso de estas armas", añadió.
El investigador de la ONU también criticó a Washington por negarse a responder a las preocupaciones de la ONU sobre el uso de aviones drone en la región surasiática.
“Es necesario que EE.UU. sea más abierto… de otra manera se llega al resultado realmente problemático de que la CIA está conduciendo un programa que mata a cantidades considerables de personas y que no existe absolutamente ninguna rendición de cuentas en términos de las leyes internacionales relevantes,” subrayó Alston.
Según informaciones independientes, sólo desde agosto de 2008, unos 70 ataques de Predator a través de la frontera, realizados por drones estadounidenses han llevado a la muerte de 687 civiles paquistaníes.
En junio pasado, EE.UU. dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tiene un amplio marco legal para reaccionar ante muertes ilegales causadas por drones.
Washington también dijo que el investigador de la ONU no posee el mandato necesario para cubrir temas militares y de inteligencia.
El martes, el senador demócrata John Kerry dijo que los ataques con drones continuarán en la región tribal de Waziristán de Pakistán, a pesar de la creciente indignación pública.
Esto, a pesar de que funcionarios paquistaníes han advertido repetidamente a EE.UU. respecto a tales ataques, diciendo que infringen la soberanía del país.