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viernes, 30 de octubre de 2009

La Mesa Política del Kirchnerismo Platense respaldó la asignación universal
 
La Mesa Política del kirchnerismo Platense respaldo la medida anunciada ayer por la presidenta Cristina Kirchner de la asignación universal por hijo. “Vamos a trabajar en la ciudad junto con el Anses para facilitarle a la gente todo lo que tiene que saber de este nuevo derecho y para facilitarle los trámites del mismo”.
El espacio Kirchnerista platense anunció el respaldo a la medida que fue anunciada ayer desde la Casa de Gobierno y que establece la asignación universal por hijo de 180 pesos mensuales para todos los niños y adolescentes de entre 0 a 18 años de todo el país cuyos padres estén desocupados o no reciben asignaciones.
En este sentido el joven dirigente Esteban Concia destacó que “Este es un paso importante en la dignificación concreta de sectores que aun no han podido ser incluidos en el sistema y demuestra que hay un proyecto de país q mes a mes va saldando deudas sociales históricas”.
“Nos vamos a poner a trabajar fuertemente en conjunto con el Anses en la ciudad para que la población conozca este derecho y también poder facilitarle todo lo referido a  los tramites” explicó Concia.
El dirigente expresó además que “Esta medida es importante porque muestra un ordenamiento fiscal  claro porque no desfinancia las cuentas ni el ingreso previsto para los jubilados, como muchos piensan” debido a que el sector “Tiene garantizado los aumentos correspondiente a la movilidad jubilatoria  del año q viene”.

Reunión vecinal por el tema Panimex 
A partir de las 17:30, el Centro de Fomento Honor y Patria (159 entre 11 y 12) será escenario de un encuentro en el que vecinos autoconvocados y representantes de organizaciones sociales y políticas, entre otras Proyecto Sur y la ONG Compromiso Regional, analizarán diferentes aspectos relacionados con el anuncio de instalación de la firma Panimex en el distrito.
La Misión estadounidense a Honduras fue decisiva

TEGUCIGALPA — El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, según informa AFP aceptó la noche del jueves un acuerdo para restituir al depuesto mandatario Manuel Zelaya en el poder, previo consentimiento del Congreso, lo que supondría el primer golpe de Estado que se revierte en América Latina.
"Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo negociador a firmar un acuerdo que marque el inicio del final de la situación política del país", señaló Micheletti en una declaración en la Casa Presidencial tras una intensa jornada de reuniones de ambas comisiones, bajo la presión de una delegación de Estados Unidos, encabezada por Thomas Shannon.
El acuerdo propone que el Congreso Nacional, tras consultar a la Corte Suprema de Justicia, sea el que decida "retrotraer todo el poder ejecutivo previo al 28 de junio del 2009", fecha del golpe de Estado.
Zelaya declaró su "satisfacción" por este "proceso histórico" que supone el "retorno de la democracia en el país" y facilita la "reconciliación nacional" tras cuatro meses de crisis.
"Es un primer paso para concretar mi restitución que tendrá que sufrir varios momentos. Yo soy un optimista moderado", declaró a la AFP el presidente constitucional de Honduras desde la embajada de Brasil, donde se refugia desde que llegó al país clandestinamente el 21 de septiembre.
"Mañana (viernes) empezamos a discutir el cronograma", dijo Zelaya, pero su regreso a la Casa Presidencial hondureña "tiene que ser mucho antes de las elecciones para poder validarlas", anticipó.
El jefe de la delegación estadounidense, el responsable de la diplomacia latinoamericana, Thomas Shannon, quien había decidido quedarse hasta el viernes para facilitar el acuerdo, calificó de "héroes de la democracia" a los negociadores y alabó el "liderazgo político de Zelaya y Micheletti" que permitieron alcanzar este acuerdo.
"Es un gran momento para Honduras", dijo tras asegurar que Estados Unidos va a "acompañar" el proceso electoral.
El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, también elogió el "esfuerzo particular de los negociadores", dado que hace dos días "parecía prácticamente imposible" llegar al Acuerdo de Guaymuras, el primer nombre que le dieron los conquistadores españoles a Honduras.
Además de la restitución de Zelaya, el acuerdo, que debe ser ratificado este viernes, también contempla la creación de un gobierno de reconciliación nacional, el rechazo a la amnistía política y el compromiso de no convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, que fue lo que le costó el puesto a Zelaya.
También se acordó el compromiso de realizar las elecciones presidenciales el 29 de noviembre y la transferencia de la autoridad de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral.
Asimismo, los negociadores acordaron crear una comisión de verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo, y una comisión de la verdad para investigar los sucesos antes, durante y después del golpe de Estado.
Micheletti solicitó a la comunidad internacional que derogue las sanciones contra Honduras y envíe observadores internacionales a las elecciones de noviembre.
La llegada a Tegucigalpa de la delegación estadounidense ha sido decisiva para alcanzar este documento después de que las negociaciones auspiciadas por la OEA quedaran rotas hace una semana ante la negativa de Micheletti de aceptar las condiciones de Zelaya.
Shannon había advertido a los protagonistas de la crisis que el problema era de "voluntad política", y apremió a que se alcanzara un "acuerdo lo más rápido posible".
"Esperamos que este acuerdo sea el principio de lograr una nueva reconciliación que tanto necesitan y desean los hondureños", dijo Micheletti, quien al igual que Zelaya agradeció la contribución de Estados Unidos, la OEA, la comunidad internacional y el mediador inicial en la crisis, el mandatario costarricense Oscar Arias.

Postulación de Duhalde y sus repercusiones‏


Ayer, en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, el ex Presidente Eduardo Duhalde avanzó varios casilleros en su carrera hacia una candidatura en 2011. No sólo aseguró que se presentará a internas abiertas –en caso de que se apruebe la reforma política- sino que también vaticinó que le ganará a Néstor Kirchner.
 La confirmación de Eduardo Duhalde, de que le dará pelea al kirchnerismo, en la interna presidencial del Partido Justicialista provocó la reacción del jefe de Gabinete del Gobierno.  Aníbal Fernández, aseguró que "ya pasó su historia, ya no tiene tiempo". 
Para Fernández, quien alguna vez se consideró a sí mismo un "portador sano" de duhaldismo, el ex presidente está "tratando de que le hagan un lugarcito en el medio del ring. No hay lugar en el centro del ring para él, ni lo va a haber". 

"Si él quiere entrar en la primaria, tiene todo el derecho de presentarse y buscar el apoyo de la sociedad. Estoy convencido de que no lo va a obtener", desafió Fernández en declaraciones a radio Millenium. 

 Mientras tanto el diputado de Unión-PRO Francisco de Narváez opinó que el ex presidente Eduardo Duhalde "se equivoca" al anunciar su participación en la interna presidencial del justicialismo, y consideró que debería "darle protagonismo a los dirigentes que hemos surgido en los últimos tiempos con una vocación de renovación".
"Yo tengo respeto por el ex presidente, pero me parece que lo que hay que discutir es los aparatos o las ideas, si el pasado o el futuro, si lo viejo o lo nuevo. Yo voy a ser parte de esas discusión", indicó.


En declaraciones a radio Mitre, De Narváez consideró que "el ex presidente se equivoca, volvemos a la foto de 2003. Lo que hay que hacer es que, quienes ya han tenido la oportunidad de conducir los destinos de la Nación, den su consejo, su asesoramiento".

"Ser parte, pero darle el protagonismo a los dirigentes que hemos surgido en los últimos tiempos con una vocación de renovación, de cambio", prosiguió.

Para el legislador, "si vamos a discutir nombre e historia, me parece que no es lo que la gente espera de nosotros. Si vamos a discutir ideas y futuro, sí voy a participar".

"La última elección no fue una interna declarada, pero fue casi una interna entre el PJ con su presidente Néstor Kirchner, con las candidaturas testimoniales, con todo el aparato, y nosotros en Unión-PRO con una parte del justicialismo. El resultado no hace falta repetirlo", agregó.

En ese sentido, dijo que "a Néstor Kirchner ya la hemos ganado en una pseudo interna, que no debió ser vista como tal, pero lo fue".

 Recordemos que algunos días atrás, el ex Ministro menemista Carlos Corach, había planteado destrabar legalmente la posible candidatura a la presidencia en 2011, de De Narváez por ser de nacionalidad colombiana, argumentando que se trataría solamente de una enmienda a la Constitución Nacional.
 La postulación de Duhalde sin dudas perjudica las aspiraciones de la oposición agrupada en Unión- PRO que conjeturaban llegar a la presidencia con el aparato del dirigente justicialista del Conurbano.
 El Boom de la efedrina colorada el pasado 28 de junio, aparece así como un movimiento donde todos los recursos económicos puestos en ganarle a Néstor Kirchner, podrían ser capitalizados por otros sectores a los que pusieron la plata, y a la vez nos muestra que la oposición al gobierno además de carecer de ideas, se ajusta al más acérrimo oportunismo.
Venezuela denuncia operación de espionaje por parte de Colombia



El ministro de Interior y Justicia venezolano, Tarek El Aissami, denunció este jueves que el Gobierno colombiano orquesta una gran operación de espionaje contra Venezuela a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acción que también se expande a otros países de la región latinoamericana. 

El funcionario, durante su declaración en la plenaria de la Asamblea Nacional venezolana, confirmó que los tres hombres que fueron arrestados esta semana acusados de realizar labores de espionaje en el occidente del país, fueron dos colombianos y uno venezolano.

El ministro venezolano señaló que la información se dio a conocer luego de la fuga de contenidos investigativos del DAS por parte de funcionarios que laboran para esta dirección.

La funcionaria colombiana Mónica Xiomara Cardozo Espinoza, que labora en el DAS, es la principal sospechosa de esta fuga de información, por lo que fue llamada a declarar sobre los planes que, desde el gobierno colombiano, se llevan a cabo contra países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Ecuador.

La información se refiere específicamente al "plan Salomón", desde donde se organizan diferentes acciones de espionaje contra el gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa; cuyo contenido no pudo ser revelado en su totalidad por El Aissami, pues lo considera delicado en materia diplomática.

"La funcionaria Mónica Cardozo hace una ampliación de su declaración pero nos reservamos esta información que narra del proyecto Salomón porque es información sensible relacionada con actos de espionaje de otro país hermano como es Ecuador", indicó.

El funcionario venezolano indicó que los datos de esta operación se encontraban en una memoria portátil para computadoras que era propiedad de la funcionaria Cardozo Espinoza, donde se encontraron dos carpetas con archivos pertenecientes al DAS; sin embargo, El Aissami señaló que al rendir declaración, Cardozo desconoció que la memoria portátil fuera de su persona.

En su presentación el ministro venezolano hizo mención de otros operativos que lleva adelante el DAS en conspiración contra otros países de la región. Como el plan Falcón (Venezuela) y Fénix (Cuba) que, según declaraciones de otro funcionario del organismo colombiano, Carlos Orjuela, son financiados por el gobierno de Álvaro Uribe, la embajada estadounidense en Colombia y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Según las declaraciones de Orjuela, del apoyo del DAS y la CIA, se logró el reclutamiento de fuerzas humanas de alto perfil que actualmente suministran información estratégica a la dirección de fuentes humanas, a quienes se les paga a través de un programa especial de informantes que tienen las agencias. Este plan, según los resultados de la investigación, incluye a personalidades de la oposición venezolana a quienes se les da dinero por información suministrada, así como, la injerencia en las Fuerzas Armadas e información de la cantidad de militares y la capacidad de armamento de la institución venezolana.

"Estos hechos lamentables, obedecen a una realidad y una violencia desbordada por el gobierno colombiano (...) Ratificamos la acción de las fuerzas venezolanas para frenar esta escalada de violencia, agresiones y atropellos que van en contra de nuestro pueblo", expresó El Aissami.

"No es poca cosa lo que aquí hemos presentado. Y agradezco a la presidencia de la Asamblea Nacional la oportunidad de expresarle al país esta información que reviste un carácter de importancia para alertar a nuestro pueblo respecto a estos planes (...) Pero aquí está un pueblo que derrotará cualquier injerencia de estos sectores".

Finalizó indicando que la investigación continuará y que cualquier "nueva prueba objetiva y veraz" será presentada ante esa plenaria. "Estamos comprometidos en seguir dando la batalla en el marco de la igualdad y justicia llamado Socialismo Bolivariano", concluyó.

El gobierno del presidente Hugo Chávez denunció el martes que los tres sujetos detenidos se escudaron en lo que fueron las investigaciones por las muerte de 10 personas en el estado occidental del Táchira, presuntamente ejecutadas por paramilitares. Chávez hizo un llamado a Bogotá a respetar la soberanía venezolana como es respetada la colombiana. Sobre el tema de la decena de personas ajusticiadas en el fronterizo estado Táchira dijo no tener dudas de que la masacre fue producto del enfrentamiento entre grupos armados colombianos y adelantó que las investigaciones están en marcha.

Colombia reconoce autenticidad de informe del DAS presentado por Venezuela 

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano reconoció la autenticidad del documento publicado este jueves por Venezuela y consideró como un hecho "grave y preocupante" que el Ejecutivo de Caracas tenga en su poder archivos secretos.

El DAS respondió que "el informe al que hace referencia, (Tarek El Aissami) es un documento reservado que hace parte de una investigación interna, que además, está judicializado dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía de Colombia".

A continuación se transcribe el comunicado del DAS íntegro:

Frente a las declaraciones del Ministro para las Relaciones Interiores y Justicia de la República de Venezuela, ante la Asamblea Nacional de ese país, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se permite informar:

1. Es un hecho grave y preocupante que el Ministro del Interior de Venezuela tenga en su poder documentos de inteligencia del DAS, que en palabras de él, le fueron entregados por los organismos de inteligencia de su país. El informe al que hace referencia, es un documento reservado que hace parte de una investigación interna, que además, está judicializado dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía de Colombia.

2. Las afirmaciones del ex Jefe de Informática del DAS, Rafael García, son falsas. El señor García fue juzgado y condenado en Colombia dentro de un proceso que contra él adelantó la Fiscalía General de la Nación. Además, se conoce que el señor García vende información falsa sobre un supuesto complot del gobierno colombiano contra el presidente Hugo Chávez.

3. El DAS reitera, que dentro de su función misional, adelanta actividades de contrainteligencia en el territorio nacional, con el objeto de hacer análisis permanentes para identificar aquellos fenómenos que puedan afectar la estabilidad y seguridad nacional.

4. El DAS reitera el rechazo y la preocupación por la masacre de un grupo de ciudadanos colombianos en territorio venezolano y espera el pronto esclarecimiento por parte de las autoridades de ese país.

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2009

jueves, 29 de octubre de 2009

Medios con licencia hasta el 2015 ratificaron
las prorrogas otorgadas por Kirchner

La Cámara de Senadores ratificó anoche la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Néstor Kirchner prorrogó en el 2005, por diez años, las licencias de los medios de comunicación de radio y televisión. El decreto había sido firmado en mayo de aquel año y tratado por los Diputados el 18 de julio de 2007, pero no había pasado por el Senado para ser ratificado.
Según nos informa hoy Página 12, el DNU fue aprobado por la Cámara alta con el quórum justo, por 28 votos a favor y nueve en contra. Al defender la firma del decreto y su aprobación, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, manifestó que el decreto surgió a pedido de las empresas periodísticas que habían sufrido fuertes pérdidas económicas e incluso caído en situación de concurso público. “No es cierto que este decreto vaya en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, aseguró, refiriéndose a que muchas de las licencias deberán ser vendidas en poco tiempo por no cumplir los requisitos exigidos por la nueva ley de medios. Pichetto agregó que “hubo una demora involuntaria (en tratar el DNU) cuando, en realidad, debíamos tratarlo y darle solución” y sostuvo que “el artículo de desinversión no choca con la validez de este decreto”. El rionegrino consideró, en ese sentido, que con la vigencia del decreto “las empresas van a tener la posibilidad mejor de negociar cuando deban desinvertir”, porque “no es lo mismo vender radios o canales que tengan diez años de vigencia que otros que tengan las licencias vencidas”.
En cambio, el radical Luis Naidenoff indicó que el decreto fue dictado “por una cuestión política, a través de un atajo que siempre se busca para evitar la discusión en el Congreso”. Naidenoff criticó el decreto desde aspectos formales pero finalmente apoyó la prórroga de 10 años de las licencias.
La resolución del Poder Ejecutivo lleva las firmas del ex presidente Néstor Kirchner, de los entonces ministros Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Alicia Kirchner, Ginés González García, Roberto Lavagna, Carlos Tomada, Horacio Rosatti y de los ahora senadores José Pampuro y Daniel Filmus.

Picún Leufú: la provincia sólo sabe de derechos… petroleros

La violencia se impone una vez más en la comunidad Huenctru Trawel Leufu, en cercanías de Picún Leufú. Los comuneros informaron hoy que más de 100 uniformados, con perros, motos y carros hidrantes, permanecen apostados en diferentes puntos del territorio. El clima de beligerancia se recrudeció ayer cuando operarios de Petrolera Piedra del Águila (PPA), escoltados por policías y el abogado de empresa, Alejandro Diez, intentaron entrar al territorio en disputa avalados por un fallo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Cutral Có.
Desde hace más de dos años los mapuche impiden el ingreso de la compañía petrolera, ya que la provincia concesionó su territorio como área de exploración sin haber realizado la consulta previa, libre e informada en caso de afectar a pueblos indígenas que obligan tanto legislación internacional, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como interna, constituciones nacional y provincial . (Incluso esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén emitió un fallo frenando momentáneamente el proyecto de explotación de una mina de oro en Loncopué ya que fue autorizado sin la previa consulta a la comunidad Mellao Morales. [1])
En este contexto ayer el subsecretario de Hidrocarburos y Energía de Neuquén, Héctor Mendiberri, fue el encargado de la artillería gubernamental. En declaraciones a la prensa sostuvo: “[los comuneros del lof Huenctru Trawel Leufu] no se encuentran asentados en el registro [de] Personas Jurídicas donde están inscriptas todas las comunidades mapuches” [2], como si sólo fueran sujetos de derechos a partir del reconocimiento estatal, cuando no es así. Por otra parte el funcionario faltó a la verdad con sus dichos, ya que la comunidad sí está inscripta, pero en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y es la provincia quien se niega a reconocer la potestad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Según el portal de noticias Diariamente Neuquén “desde el gobierno sostienen que se trata de una familia que vino desde la provincia de Río Negro y no tiene nada que ver con las comunidades mapuches de la zona” [3]. La afirmación constituye un hito en la reiterada política de incumplimiento de las obligaciones de los estados; a la conocida excusa del origen trasandino de los mapuche, desde el anonimato se da una vuelta de tuerca y se afirma que un lof no tiene derechos porque es originario de otra provincia. Pero en concreto poco importa si los ancestros de los comuneros vinieron de uno u otro lado del río Limay -límite de las provincias de Río Negro y Neuquén-, ya que tanto a nivel nacional como provincial se reconoce la preexistencia de este pueblo al estado argentino. Es decir, que era un pueblo con un territorio previo que el estado levantara sus fronteras administrativas, tanto hacia adentro como hacia afuera.
A principios de 2008 se conformó una mesa de negociaciones donde estaban representados la comunidad y la Confederación Mapuche, la provincia y la empresa: de esta instancia surgió el compromiso de realizar un estudio de impacto ambiental y cultural previo a cualquier intervención de la petrolera, pero la iniciativa nunca se ejecutó por falta fondos. Durante algunos meses la disputa fue al freezer y se reavivó cuando los estímulos del plan nacional GasPlus -aumento de precios para el combustible obtenido en nuevas exploraciones- alcanzó al yacimiento Ramos Mexía controlado por PPA. Si bien desde el principio fueron evidentes los vínculos entre diferentes estamentos del partido-estado Movimiento Popular Neuquino y Petrolera Piedra del Águila, a lo largo del conflicto las autoridades provinciales intentaron diversos abordajes hasta llegar a al punto en que se confunden los intereses de la empresa y la provincia donde las declaraciones del Subsecratario de Hidrocarburos y el abogado de la petrolera se funden en una sola voz.
Este nuevo intento de la empresa de avanzar sobre el territorio de la comunidad está respaldado por un fallo emitido a principios de septiembre. Esta resolución judicial, junto a otras del mismo tenor, motivaron una reciente carta de la Confederación Mapuce Neuquina (CMN) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Sr. James Anaya. “Con mínimas excepciones, en la Provincia la gran mayoría de los tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados. Tampoco se aplican las normas que imponen el conocimiento de la especificidad cultural: en los procesos judiciales los pedidos de prueba tendiente a acreditar las características culturales propias son rechazados en forma sistemática y los órganos judiciales superiores no consideran que los jueces que lo hacen carezcan de imparcialidad” señala la misiva firmada por el lonko Elías Maripan -máxima autoridad de la CMN- y el abogado Juan Manuel Salgado, titular del ODHPI. [4]
En la correspondencia sostienen que “a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.
-Diez pal peso

“No tienen ningún tipo de propiedad ancestral ni ningún tipo de posesión ancestral. Ellos están en este lugar hace más o menos unos 20 años y bueno, creen que por ese tipo de posesión pueden usurpar y toda esta situación de las comunidades mapuches ejercer una posición que no es tal”, sostuvo el abogado de PPA en declaraciones a LU5 y RTN [5]. Alejandro Diez es el titular de Diez Abogados, estudio que presta asistencia a empresas radicadas en Neuquén y Río Negro, entre ellas a la constructura zapalina C.N. SAPAG S.A., de Carlos Natalio “Nuno” Sapag -el hermano del gobernador neuquino.

A principio de septiembre Nuno Sapag calentó el ambiente con sus declaraciones al diario Río Negro, denunciando que, en sus demandas, los mapuche son apoyados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) y la guerrilla separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), y aseguró que pretenden instaurar “un régimen de terror e inseguridad” en la provincia. [6] Estas afirmaciones -que tienen sustento en la caracterización que a nivel continental hacen las fuerzas de derecha respecto de la “emergencia indígena”- marcaron el punto de partida de un nuevo proceso de criminalización impulsado por ganaderos e industriales que ven afectados sus intereses por las conquistas indígenas. En menos de un mes, la serpiente rompió el cascarón y del huevo salieron proyectos legislativos como el presentado por el diputado José Luis Sáez, del bloque kirchnerista Concertación Neuquina para la Victoria: “Artículo 1° Solicitar al señor fiscal federal en turno con competencia en la Provincia del Neuquén inicie con carácter de urgente una minuciosa investigación relacionada a las denuncias públicas efectuadas en medios periodísticos que aseguran que existiría una campaña de infiltración desde el país trasandino de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza”. [7]
En los fundamentos Sáez afirma: “hoy la situación tiene un componente extremo que agrava aún más el problema; nos encontramos con una decisión por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a llevar adelante acciones que colisionan con la legalidad y pretenden hacer valer sus supuestos derechos tomando tierras privadas y/o estatales desconociendo el Estado de Derecho. (…) Hasta este punto podríamos afirmar que con la sola intervención de la Justicia ordinaria y la aplicación de las normas vigentes podríamos encaminar la situación, pero si a esto le sumamos -y surge de las denuncias públicas efectuadas- que la toma de tierras responde a un plan y a una estrategia con un fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, estamos frente un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la soberanía y seguridad nacional, por lo que amerita tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia”. [8]
A las afueras de Picún Leufu, rumbo a Piedra del Águila, se libra otra cotienda entre los derechos de los pueblos originarios y los intereses de las corporaciones. El Estado provincial ha tomado partido abiertamente, y el ambiente está enrarecido por los augurios de violencia.

Referencias:
[1] Fallo de TSJ Neuquino de no innovar en expediente minero. http://www.redaj.org/spip.php?article141
[2] Diariamente Nuequén, 29/09/09.  http://www.diariamenteneuquen.com.ar/index.php?action=noticia&id=4932
[3] Ibid.
[4] Denuncia internacional de la COM por discriminación racial en Neuquén. http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/693589.php
[5] Diariamente Nuequén, 29/09/09.
[6] Río Negro, 4/09/09. http://rionegro.com.ar/diario/2009/09/04/1252033399220.php
[7] La mentira terrorista toma estado legislativo en Neuquén. http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/694992.php
[8] Ibid.
Caminos y agentes del saqueo en América Latina

Nos encontramos actualmente en un momento de crisis sistémica del capitalismo. Si bien el carácter sistémico de la crisis muestra la insustentabilidad civilizatoria del capitalismo, ni lo elimina de manera natural, ni le impide buscar su recomposición. El capitalismo se defiende y se reconstruye permanentemente a través del diseño de un conjunto de estrategias integrales, multidimensionales, que se despliegan planetariamente, entre las que se encuentran los megaproyectos de reordenamiento territorial, que son necesariamente también de reordenamiento político, como el de la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA.
Nos encontramos actualmente en un momento de crisis. Crisis sistémica que no anuncia una caída o estallido inmediato, sino que es la expresión de la vocación mutante del capitalismo y de su capacidad de adaptación o readecuación a las condiciones cambiantes del acontecer no sólo económico sino social. Si bien el carácter sistémico de la crisis muestra la insustentabilidad civilizatoria del capitalismo, ni lo elimina de manera natural, ni le impide buscar su recomposición. La crisis da paso a una mucho mayor concentración de la riqueza y el poder y concede condiciones de fuerza y al mismo tiempo de vulnerabilidad a un poder cada vez más exclusivo y excluyente que, en su arrogancia, va poniendo en operación mecanismos variados de soporte y de articulación o cohesión en un entorno crecientemente contradictorio.
La crisis cíclica, en las circunstancias actuales, es indicativa de la incapacidad del mercado para garantizar por sí solo las condiciones generales del proceso de acumulación del capital y de apropiación privada de la riqueza y, en ese sentido, apela a los mecanismos de contención social para asegurar aquello que el mercado no logra cohesionar y controlar, sobre todo cuando la economía capitalista es al tiempo legal e ilegal. A nadie escapa que la crisis económica no está tocando los sectores ilegales que sin duda contribuyeron a generarla y muy probablemente serán parte de su solución.
Como quiera, la crisis exige un cambio de estrategia y un cambio de modalidad de dominación que abarca todas las dimensiones de la organización social, territorial y política del sistema, sobre todo porque la necesidad de restablecimiento de las condiciones generales de valorización correspondiente a los momentos de ajuste cíclico, característicos del funcionamiento regular del proceso de acumulación de capital, ocurre ahora en un contexto de cuestionamiento integral, de crisis sistémica, de incapacidad para resolver internamente la contradicción progreso-depredación que proviene de los fundamentos mismos de la sociedad capitalista como lugar del dominio de la naturaleza por el hombre.
Por este motivo la crisis actual no es solamente financiera ni se resuelve con subsidios y ajustes estatales o con fusiones y centralización del capital. Eso permite seguir adelante pero simultáneamente agrava la situación de suicidio técnico en que se encuentra irremediablemente el capitalismo, a pesar de su capacidad para mantener al mundo entero bajo sus reglas de funcionamiento, aun sabiendo que tienden, paradójicamente, a la insustentabilidad de la vida misma.
La IIRSA como estrategia de poder hegemónico
La fuerza interna del capitalismo se defiende y se reconstruye permanentemente a través del diseño de un conjunto de estrategias integrales, multidimensionales, que se despliegan planetariamente, entre las que se encuentran los megaproyectos de reordenamiento territorial, que son necesariamente también de reordenamiento político, como el de la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA. La principal virtud de proyectos como IIRSA es la de ser capaces de restablecer y potenciar las condiciones generales de la valorización, más que la de generar negocios suculentos en su propia puesta en práctica, cosa que también ocurre.
Observados desde una perspectiva amplia, la IIRSA y el Plan Puebla Panamá son dos partes de un mismo proyecto: los dos fueron supuestamente ideados por algún Presidente de la región, en un caso Fox, en México, y en el otro Cardoso, en Brasil. Con toda la distancia cultural, intelectual y política que hay entre ambos, presuntamente al mismo tiempo diseñaron dos proyectos similares y geográficamente empatados. Las negociaciones y puestas en práctica específicas varían de acuerdo a las condiciones subregionales, pero los fundamentos de los proyectos no: construir una infraestructura de comunicaciones, transportes y generación de energía que constituya un ágil y dinámico sistema circulatorio que permita enlazar las economías regionales al mercado mundial.
Un único proyecto de mercantilización total de la naturaleza para uso masivo desde el centro de México hasta la punta de Tierra del Fuego. No se trata de la explotación de los elementos naturales para uso doméstico, ni local ni nacional, sino de su explotación de acuerdo con las dimensiones de un comercio planetario sostenido, en un 50 %, por empresas transnacionales. La infraestructura que se propone –y que se requiere- es justamente la que permitirá a América Latina convertirse en una pieza clave en el mercado internacional de bienes primarios, a costa de la devastación de sus territorios, abriendo nuevamente esas venas de la abundancia que sangran a la pachamama y que alimentan la acumulación de capital y la lucha mundial por la hegemonía. El diseño de esta infraestructura va del corazón a las extremidades, del centro de Sudamérica hacia los puertos en el caso de IIRSA y de Colombia-Panamá hacia la frontera con Estados Unidos en el caso del Proyecto Mesoamericano, nuevo nombre del Plan Puebla Panamá.
La dimensión de la explotación del territorio de América Latina y de extracción de sus elementos valiosos se encuentra en relación con los niveles crecientes demandados por una economía mundial que responde a las vertiginosas necesidades de multiplicación de las propias ganancias mucho más que a las necesidades reales de la población del mundo, y llama a una agilización de la circulación de mercancías para reducir al máximo los momentos improductivos del capital. El nivel de extracción y producción de las empresas involucradas, aun cuando su origen sea local, se ha modificado en proporción a esta nueva demanda de recursos. Casos como el de Vale do Río Doce son sintomáticos de las nuevas dinámicas: empresa enraizada en la producción minera en una zona de gran abundancia de yacimientos es poco a poco extranjerizada a través de la colocación de acciones en la bolsa de valores de Nueva York o similares y sus niveles de producción, ya grandes, se multiplican de acuerdo con las necesidades de valorización de los capitales propietarios. El ritmo de los trenes que transportan el hierro al puerto se incrementó y la cantidad de vagones cargados se multiplicó en los últimos años, asegurando con ello la posesión privada, fuera de la tierra, ya en calidad de mercancía, de un elemento natural que se ha convertido en parte importante de la disputa hegemónica. Con esto se generación de energía que constituya un ágil y dinámico sistema circulatorio que permita enlazar las economías regionales al mercado mundial.
Un único proyecto de mercantilización total de la naturaleza para uso masivo desde el centro de México hasta la punta de Tierra del Fuego. No se trata de la explotación de los elementos naturales para uso doméstico, ni local ni nacional, sino de su explotación de acuerdo con las dimensiones de un comercio planetario sostenido, en un 50 %, por empresas transnacionales. La infraestructura que se propone –y que se requiere-es justamente la que permitirá a América Latina convertirse en una pieza clave en el mercado internacional de bienes primarios, a costa de la devastación de sus territorios, abriendo nuevamente esas venas de la abundancia que sangran a la pachamama y que alimentan la acumulación de capital y la lucha mundial por la hegemonía. El diseño de esta infraestructura va del corazón a las extremidades, del centro de Sudamérica hacia los puertos en el caso de IIRSA y de Colombia-Panamá hacia la frontera con Estados Unidos en el caso del Proyecto Mesoamericano, nuevo nombre del Plan Puebla Panamá.
La dimensión de la explotación del territorio de América Latina y de extracción de sus elementos valiosos se encuentra en relación con los niveles crecientes demandados por una economía mundial que responde a las vertiginosas necesidades de multiplicación de las propias ganancias mucho más que a las necesidades reales de la población del mundo, y llama a una agilización de la circulación de mercancías para reducir al máximo los momentos improductivos del capital. El nivel de extracción y producción de las empresas involucradas, aun cuando su origen sea local, se ha modificado en proporción a esta nueva demanda de recursos. Casos como el de Vale do Río Doce son sintomáticos de las nuevas dinámicas: empresa enraizada en la producción minera en una zona de gran abundancia de yacimientos es poco a poco extranjerizada a través de la colocación de acciones en la bolsa de valores de Nueva York o similares y sus niveles de producción, ya grandes, se multiplican de acuerdo con las necesidades de valorización de los capitales propietarios. El ritmo de los trenes que transportan el hierro al puerto se incrementó y la cantidad de vagones cargados se multiplicó en los últimos años, asegurando con ello la posesión privada, fuera de la tierra, ya en calidad de mercancía, de un elemento natural que se ha convertido en parte importante de la disputa hegemónica. Con esto se acrecienta el saqueo del que han sido objeto los pueblos latinoamericanos desde hace más de 500 años, con los inicios de la conquista-colonización, y se somete a los territorios, espacio de la relación naturaleza-sociedad a una depredación salvaje e irreversiblehace más de 500 años, con los inicios de la conquista-colonización, y se somete a los territorios, espacio de la relación naturaleza-sociedad a una depredación salvaje e irreversible (3).
La exportación de materias primas, vista por los analistas macroeconómicos como un signo de desarrollo y prosperidad, está alterando las condiciones mismas de la vida por su carácter masivo y por responder a necesidades ajenas a las de las sociedades locales. Y lo mismo ocurre con las modernas vías de transporte que se proponen y se están habilitando con la IIRSA. Las rutas de la IIRSA colocan al enorme territorio sudamericano a disposición de las necesidades de saqueo de los recursos estratégicos, como puede observarse en el mapa 1 que muestra lo que yo considero el diseño estratégico de la IIRSA .
Ahora los canales interoceánicos no buscan la ruta más corta entre océanos sino la más vasta, la más rica. Los 80 kms del Canal de Panamá son ahora sustituidos por 20 mil km de la ruta amazónica. Esta diferencia de criterios pone en evidencia que la conexión tiene otros propósitos que los buscados en el pasado, de conformidad con el aumento de capacidades y envergadura de la apropiación capitalista. Con las rutas de la IIRSA se asegura no solamente la extracción de recursos de cada una de sus partes, sino que esa extracción se realice de manera articulada. Se vinculan intereses nacionales o locales con intereses transnacionales e incluso estratégicos.
Las rutas de IIRSA pasan por las fuentes de agua, minerales, gas y petróleo; por los corredores industriales del subcontinente; por las áreas de diversidad genética más importantes del mundo, por los refugios indígenas y por todo aquello que es valioso y apropiable en Sudamérica. La ampliación de los caudales de los ríos para dedicarlos al tránsito intenso está poniendo en riesgo los pantanales y degradando las condiciones de vida de especies animales y vegetales al tiempo que violenta los modos de vida de comunidades aledañas o vinculadas; la explotación y exportación masiva de minerales castiga a la selva con un tráfico pesado constante que va comiéndose rápidamente la mancha amazónica y amenaza los glaciares; las modalidades locales de organización de la vida se ven confrontadas con una dinámica vertiginosa que no les corresponde y que las altera externa e irreversiblemente.
El entramado de intereses de la IIRSA
Han sido ampliamente denunciados los daños presentes o previsibles que acompañan este proyecto y aun así la insistencia por mantenerlo es tenaz. Cabe preguntarse entonces qué clase de intereses prevalecen sobre los altísimos riesgos ecológicos y sociales que entraña la IIRSA.
Por un lado, el hecho de contar con la anuencia o incluso el entusiasmo de muchos de los gobiernos latinoamericanos es resultado de una combinación en la que gobiernos y empresas locales reciben algunos beneficios que, a su nivel, pueden ser significativos.
Por otro lado, evidentemente una red infraestructural de las características de la planeada es sin duda un facilitador de las actividades extractivas, y económicas en general, de los grandes capitales del mundo en busca de recursos competidos y valiosos, que en muchos casos pueden ser considerados estratégicos para la reproducción global del sistema y, por tanto, para el aseguramiento no sólo de las condiciones de vida del capitalismo sino también de la hegemonía.
La construcción misma de la infraestructura parece no ser el plato más codiciado. Las grandes transnacionales tienen como foco de interés la explotación de los recursos, mucho más que los negocios grandes para los inversores locales, pero relativamente pequeños para ellas, de construcción de carreteras, ferrovías, hidrovías, represas y otros similares.
Por la manera como se han comportado los gobiernos y las empresas, parece haber casi un acuerdo de complementariedad en el que ambos se benefician y por ello mismo ambos defienden el proyecto como propio. El abigarramiento de intereses se ha acrecentado últimamente por la entrada de capitales extranjeros a empresas locales, las más de las veces relacionadas con las actividades extractivas, como es el caso de Vale do Río Doce. Estas empresas se potencian, aumentan su producción y, evidentemente, sus exportaciones; se vinculan más estrechamente al mercado mundial, pero siguen apareciendo como nacionales cuando en varios casos su capital es ya mayoritariamente extranjero.
Quizá la empresa latinoamericana más favorecida por la IIRSA actualmente es la Odebrecht, que se anuncia como empresa brasileña. Por tratarse de una empresa de ingeniería y construcción, en esta primera etapa se ha involucrado en proyectos en toda la región de IIRSA.
Odebrecht tiene inversiones en América en 13 países, además de Brasil. Abarca geográficamente desde México hasta Argentina, con actividades también en el Caribe (República Dominicana), Centroamérica (Costa Rica, Panamá) y Sudamérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), como puede observarse en el mapa, que muestra la cercanía de las áreas de sus proyectos de inversión con las que contienen los recursos más valiosos.
En las actividades extractivas históricamente se ha registrado la presencia de grandes transnacionales extranjeras, y de ahí esta vinculación de intereses que mencionábamos. Es un sector en el que la competencia dificulta la entrada de capitales nacionales, sobre todo después de la desprotección y el cambio de criterios sobre los patrimonios nacionales inducidos por el neoliberalismo.
Revisando las listas de las 500 empresas más grandes del mundo elaborada desde hace ya largo tiempo por la revista Fortune, y las de las 500 más grandes de América elaborada por la revista América economía, lo que se observa es la escasa participación de empresas latinoamericanas en las actividades de mayor envergadura. Aún cuando se encuentren en estas actividades, su participación es de mucho menor monta, excepto en los casos de Odebrecht, Aracruz y Votorantim, las tres originalmente brasileñas.
La extracción de petróleo y gas tiene en algunos países exclusividad de empresas del Estado pero, en lo que toca al resto, las empresas principales en este sector son Exxon, Royal Dutch, British Petroleum, Chevron, CONOCO-Phillips, ENI, Petrobras, Repsol-YPF, SK, Occidental Petroleum, Lukoil, EnCana y Oil and Natural Gas. La localización de proyectos de estas empresas no deja duda de su buen tino pues se encuentran en todas las regiones de importantes yacimientos, como se observa en el mapa. Estas locaciones quedan bien protegidas por las facilidades infraestructurales proyectadas por IIRSA, de manera que su acceso al mercado mundial, de por sí ya bastante ágil, se vería aún mejorado.
Los minerales, elementos que conforman la estructura material básica de los procesos productivos, tienen en América Latina uno de sus espacios de mayor diversidad y abundancia. Los minerales metálicos son foco de atracción de grandes empresas de dimensión planetaria como Anglo American, BHP Billinton, Río Tinto, Vale do Río Doce, Xstrata y Nippon Mining Holdings, y su distribución territorial las lleva a diversas regiones sudamericanas que en todos los casos tendrán la virtud de ser articuladas a través de las rutas de IIRSA (ver mapa).
La apropiación de bosques, naturales o generados artificialmente, tiene sus principales zonas en puntos muy específicos. Su despliegue territorial es mucho menos extendido que los de las actividades anteriores, pero se trata también de capitales de gran envergadura, vinculados con la producción de celulosa y papel (ver mapa). Las empresas principales que se encuentran en el sector son Stora Enzo, Weyerhauser, Aracruz Celulose, Votorantim Celulose, Kablin, Suzano Papel e Celulosa, CELCO y CMPC, las dos últimas con inversiones en el sur de Chile.
Evidentemente además de todas las empresas mencionadas hay un entramado de empresas más pequeñas vinculadas con las actividades de las grandes, sin embargo o bien son completamente dependientes de éstas, o sus niveles de producción no repercuten en los grandes mercados ni definen las dinámicas de la economía.
La idea de mostrar el despliegue geográfico de estas grandes inversiones proviene del interés de revisar la capacidad de estos agentes capitalistas para ocupar y definir el territorio y sus dinámicas. Una de las cosas que nos debe preocupar es cómo el territorio está siendo expropiado y cómo proyectos como IIRSA refuerzan esa tendencia.
Y, en realidad, aunque en este terreno podemos constatar la gran cantidad y diversidad de los intereses en juego, es el sujeto hegemónico quien marcha a la cabeza del proceso. Nosotros tenemos un cálculo del territorio extranjero ocupado por bases militares estadounidenses pero sería necesario medir el ocupado por las propiedades de las empresas para tener una idea cabal de la dimensión territorial de la dominación.
Con esos cálculos podríamos encontrarnos en mejores condiciones para valorar si es IIRSA un proyecto de los Estados sudamericanos o una exigencia de esos grandes capitales que arrastran a los Estados a formular las políticas que los benefician, porque ¿qué son los Estados hoy si no una parte de ese sujeto económico, de ese sujeto dominante que a veces se llama capital brasileño, a veces capital ecuatoriano, muchísimas más veces capital estadounidense pero que, finalmente, revela una fusión de intereses en relación con el gran capital de las empresas trasnacionales, impulsadas, protegidas y representadas por el Estado norteamericano.
Incluso hoy aunque es difícil hablar de nacionalidad del capital, efectivamente hay un enorme peso del capital estadounidense en todas las actividades más importantes, más dinámicas y con mayor futuro en el mundo. Eso autoriza a seguir hablando del sujeto estadounidense como sujeto hegemónico, es decir, ese gran capital que se aglutina en torno al Estado estadounidense aunque contenga algunos mexicanos, brasileños, japoneses o capitales provenientes de cualquier otro lugar pero incorporados orgánicamente a esa estructura de poder.
 
Ana Esther Ceceña, economista mexicana
La ONU arremete contra EE.UU. por ataques con aviones no tripulados

Naciones Unidas ha advertido a Washington respecto al uso indiscriminado de ataques con drones (aviones sin tripulación) en Pakistán y Afganistán, diciendo que podría estar violando el derecho humanitario.
El relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, dijo que EE.UU. no ha hecho nada para demostrar que no está matando a civiles en violación del derecho internacional mediante el uso de aviones no tripulados.
Mi preocupación es que estos aviones no tripulados, estos 'Predator', estén operando en un marco que podría violar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos", declaró en una conferencia de prensa, tras presentar ayer un informe en el que aborda esta cuestión al comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU.
"El Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de revelar más sobre el modo en que se asegura de que no se están llevando a cabo ejecuciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, mediante el uso de estas armas", añadió.
El investigador de la ONU también criticó a Washington por negarse a responder a las preocupaciones de la ONU sobre el uso de aviones drone en la región surasiática.
“Es necesario que EE.UU. sea más abierto… de otra manera se llega al resultado realmente problemático de que la CIA está conduciendo un programa que mata a cantidades considerables de personas y que no existe absolutamente ninguna rendición de cuentas en términos de las leyes internacionales relevantes,” subrayó Alston.
Según informaciones independientes, sólo desde agosto de 2008, unos 70 ataques de Predator a través de la frontera, realizados por drones estadounidenses han llevado a la muerte de 687 civiles paquistaníes.
En junio pasado, EE.UU. dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tiene un amplio marco legal para reaccionar ante muertes ilegales causadas por drones.
Washington también dijo que el investigador de la ONU no posee el mandato necesario para cubrir temas militares y de inteligencia.
El martes, el senador demócrata John Kerry dijo que los ataques con drones continuarán en la región tribal de Waziristán de Pakistán, a pesar de la creciente indignación pública.
Esto, a pesar de que funcionarios paquistaníes han advertido repetidamente a EE.UU. respecto a tales ataques, diciendo que infringen la soberanía del país.

miércoles, 28 de octubre de 2009

La primera etapa del Presupuesto Participativo en La Plata esta completada


Carlos Sortino nos informó que con una participación de 5.230 personas, lo que significa un crecimiento del 63% respecto del año pasado, y 368 proyectos consolidados, culminó en La Plata el ciclo de asambleas del Presupuesto Participativo 2010, cuya etapa decisiva será la consulta popular a realizarse los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre, cuando los habitantes del municipio voten los proyectos de su preferencia en cada una de las 43 asambleas en que se organizó el territorio municipal.
 ERIC CALCAGNO DISERTARA  EN EL PJ LA PLATA

La Mesa Política del Kirchnerismo de La Plata invita a participar de la charla sobre "La clase trabajadora en el Proyecto Nacional" que brindará el senador nacional Eric Calcagno (FPV), en la sede del PJ La Plata, calle 54 e/ 7 y 8, el día jueves 29 de octubre a las 18 hs. La actividad está organizada por la Escuela de Formación Política Rodolfo Puiggrós que preside el jefe de Gabinete municipal Santiago Martorelli y será coordinada por el responsable de la agrupación Sentimiento Nacional Gustavo Princi.-
 

Por 18º vez, la ONU votó a favor de levantar el bloqueo de EEUU a Cuba

Según nos informa hoy Crítica Difital, 187 votos contra tres apoyaron una
resolución en la que la isla reclama al gobierno de Obama que levante el embargo económico, comercial y financiero impuesto hace 50 años. Sólo Israel y Paulau apoyaron a los Estados Unidos
La Asamblea General de Naciones Unidas volvió a votar este miércoles a favor de que sea levantado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla de Cuba hace cincuenta años. Una abrumadora diferencia de 187 votos contra tres dejó solo a los Estados Unidos que recibió el apoyo de Israel y Palau. 
La resolución, presentada por la delegación cubana, denominada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, fue votada este miércoles por la Asamblea General de Naciones Unidas y logró nuevamente un amplio apoyo internacional, donde sólo hubo tres votos en contra y las abstenciones de Micronesia e Islas Marshall.
Según se adelantó, el documento que presentó La Habana detalla, entre otras cosas, la situación económica de la isla desde el último voto de la ONU tales como la afectación por 357.8 millones de dólares en el sector de transporte o 121.8 millones en el área alimenticia y de agricultura.
Esta es la decimoctava ocasión consecutiva en que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncia a favor de la resolución presentada, en esta ocasión, por el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Es, además, la primera ocasión en que Naciones Unidas trata el embargo estadounidense desde que el presidente Barack Obama ocupa la Casa Blanca.
Poco antes de la votación, el ministro cubano de Relaciones Exteriores dijo que el bloqueo contra su país es "una política absurda que provoca carencias y sufrimientos", además de calificarlo de "violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos". Según indicó, en la Convención de Ginebra de 1948 "aparece tipificado como un acto de genocidio. Es éticamente inaceptable".
Tras la votación, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Susan Rice, criticó "el lenguaje de la Guerra Fría" utilizado por Rodríguez para presentar la resolución, al tiempo que subrayó que su país "tiene el derecho soberano" de conducir sus relaciones económicas como estime oportuno y que este caso cae bajo el ámbito de las retaliaciones bilaterales.
Rice lamentó que Rodríguez utilizara el término "genocidio" para referirse al embargo porque, señaló, "disminuye el significado de la palabra respecto a otros sitios del mundo" en que se producen. A la defensiva, arremetió contra la isla al considerar que ignora los recientes cambios realizados por la Administración de Estados Unidos y el presidente Obama respecto a sus políticas hacia la isla.
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores señaló en su discurso que desde la elección de Obama como presidente de EE.UU. "no ha habido cambio alguno en la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Permanece intacto", aclaró aunque a su vez valoró el reinicio de las conversaciones bilaterales entre EE.UU. y Cuba en materia migratoria y de correo postal directo, pero consideró que son acciones "positivas, pero extremadamente limitadas e insuficientes".
A nivel general, desde su implementación hace casi cincuenta años, el bloqueo causó un daño directo acumulado al pueblo cubano superior a 96.000 millones de dólares.
Esteban Concia Visitó el club 19 de Febrero que recibió subsidios del programa “Mi Club” 

El joven dirigente platense Esteban Concia visitó el Club Social y Cultural 19 de Febrero de La Plata que recibió subsidios del programa “Mi Club” del la secretaria de deporte de la nación. La ayuda fue gestionada por el dirigente para clubes de Villa Elvira.
“En este caso en particular pudimos gestionar el programa para varios clubes de Villa Elvira en donde estamos visitando las instituciones para ver como se destinaron los subsidios y en que podemos seguir colaborando, sobretodo porque el año que viene desde el gobierno nacional se van a seguir generando este tipo de ayuda a instituciones tan esenciales como son los clubes de barrio” destacó Concia.
En este sentido Diego Balduchi integrante de la comisión del club explicó que los subsidios “sirvieron para arreglar problemas del techo que había sido afectado por una granizada, como así también en equipos para las diversas actividades que se hacen en el club”.
El club 19 de Febrero esta ubicado en las calles 82 y 118 de La Plata y fue fundado en el año 1956. En la institución participan más de 300 personas que se reparten en las diversas actividades que se realizan, entre ellas Básquet, Futbol, hockey femenino, patín, gimnasia y también talleres, clases de tango, salsa y folklore. 

La lucha contra el cambio climático ahora

En los años sesenta, se comenzó a discutir la posibilidad de que el dióxido de carbono (CO2), entre otros gases de efecto invernadero (GEI), fuera el responsable del calentamiento global. Hoy en día, prácticamente nadie pone en duda la existencia de un calentamiento de origen antrópico y, conforme se analizan sus consecuencias, se va dibujando un futuro mucho más inhóspito para la mayor parte de la Humanidad. Este agravamiento pone de manifiesto la importancia de reaccionar decididamente desde ya y durante los próximos 50 años, antes de que sea demasiado tarde. La cuestión principal ahora es: ¿cómo ponemos realmente freno el cambio climático?
Cambio climático = negocio
El cambio climático es un negocio magnífico para muchas empresas transnacionales, por lo que no les interesa frenarlo. Las inversiones en adaptación a las consecuencias del calentamiento global moverán un capital cercano al 20% del PIB mundial en los próximos 50 años, mientras las inversiones destinadas a reducir las emisiones de GEI (mitigación) supondrán tan sólo una inversión máxima del 5%. Además, el sistema productivo capitalista muestra una fuerte inercia, resistiéndose a cambios radicales en el mix energético, con las “empresas del carbono” (petroleras y automovilísticas) a la cabeza.
En sentido contrario a esta inercia empuja la competencia en el mercado de energías renovables. Las empresas tratan de colocarse en una posición ventajosa de cara a un futuro con petróleo muy caro, impulsando el desarrollo de tecnologías energéticas más “frías”. Por otro lado, existe una vulnerabilidad social muy marcada frente al cambio climático: los dueños y los grandes ejecutivos de las grandes empresas multinacionales no sufren ni sufrirán el cambio climático, mientras que los trabajadores sí lo sufren, especialmente aquéllos con menor poder adquisitivo.
¿Los gobiernos frenarán el cambio climático?
Las cuentas de Kyoto se ajustarán en 2012, y los diferentes gobiernos están buscando ahora un nuevo acuerdo, empujados por la opinión pública internacional. Con este objetivo, se reunirán en Copenhague el diciembre próximo. Antes de la cumbre de Copenhague, el nuevo gobierno japonés ha anunciado que reducirá las emisiones de GEI un 25% en 2020 respecto a 2005; la Unión Europea, un 20%; y la Administración Obama, un 17%. Si se fija en el tratado que releve a Kyoto una reducción próxima al 20% para 2020 y ésta se mantiene, se reduciría el 80% de las emisiones de GEI en 2050, dentro de lo que la comunidad científica manifiesta como imprescindible para no entrar en un cambio climático brusco.
Aún si se alcanzase un acuerdo de mitigación exigente, los trabajadores de todo el mundo deberán estar alerta y no esperar que los gobiernos cumplan sus promesas. Confiar en que los gobiernos y empresas que han generado el calentamiento global van a luchar por frenarlo sería como dejar a un lobo al cuidado de un rebaño de ovejas. Sin ir más lejos, el Estado español se comprometió en el decepcionante Protocolo de Kyoto a aumentar sus emisiones en no más de un 15% respecto a 1990, ¡y ahora se encuentra un 43% por encima de este objetivo!
Estos fracasos no son de extrañar, pues, para fomentar la mitigación, los gobiernos de todo el mundo confían en medidas ecocapitalistas: subida de precios de determinados productos y servicios con tasas que gravan las emisiones de CO2; subvención de productos que emiten menos; o la creación de un mercado de emisiones, para que las empresas que menos contaminen obtengan beneficios al vender sus derechos de emisión. Las medidas ecocapitalistas, no obstante, se han demostrado poco eficientes en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la crisis económica provocó que la cotización de la tonelada de carbono cayera de forma alarmante, resultando más barato contaminar ahora que hace unos años, a pesar de que el cambio climático se agrava de vez más.
Por si fuera poco, al cambio climático se suman, cada vez con mayor gravedad, otras muchas problemáticas socioambientales, algunas de ellas estrechamente relacionadas con el calentamiento. Por ejemplo, la deforestación de los bosques intertropicales continúa destruyendo miles de hectáreas cada día, emitiendo cerca del 20% de los GEI, que acaban con la forma de vida y la cultura de miles de indígenas y con reservas de agua dulce y biodiversidad de incalculable dimensión y valor.
Este contexto ambiental y socioeconómico nos muestra que no podemos dejar en manos de los gobiernos y los empresarios la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.

El comportamiento individual no es el problema
Las propuestas que más llegan a la ciudadanía desde los gobiernos –tanto de izquierdas como de derechas, ya sea directamente o a través de ONG– son las del consumo responsable, representadas simbólicamente por los “apagones por el Planeta”. Tratan de cambiar los hábitos de consumo para emitir menos GEI, ya sea directa (p.e., conduciendo menos) o indirectamente (p.e., comprando con menos embalajes). La generación del mercado de ‘productos mitigadores’ ha llevado a que hasta algún queso y, por supuesto, todos los coches (!), se anuncien como paladines contra el cambio climático.
Sin embargo, el consumo responsable muestra grandes limitaciones para luchar contra el cambio climático: excluye de la acción a la mayor parte de la Humanidad, concentrada en los países empobrecidos. La ciudadanía carece de tiempo, posibilidades, información y formación para poder elegir productos y servicios “fríos”. Al mismo tiempo, el consumo responsable no incluye muchas emisiones de GEI, como las relacionadas con las administraciones públicas y los ejércitos –el mayor consumidor mundial de petróleo es el ejército de los Estados Unidos.
Éstas y otras limitaciones reflejan claramente que la estrategia de consumo responsable es, por sí sola, totalmente insuficiente para frenar el cambio climático. Y es que no es la gente individualmente la que es, de por sí, malgastadora de recursos naturales. El problema está en la organización ineficaz del sistema actual, que pone los beneficios empresariales por delante del medio ambiente.
Desde las bases contra el cambio climático
Cada vez son más los y las que se movilizan y organizan políticamente frente a una crisis ecológica galopante, con el cambio climático como problemática ejemplar. Desde hace años han venido sucediéndose manifestaciones, marchas de todo tipo y concentraciones en todo el mundo contra este problema, que han reunido a miles de personas. También se realizan campamentos para la acción climática (camps for climate action), que reúnen a activistas para debatir y actuar contra el cambio climático –por ejemplo, junto a una central térmica. Frente a la cumbre de líderes gubernamentales en Copenhague a finales de año, se está organizando una contracumbre y una campaña internacional que muestre a los gobiernos que la gente no confía en ellos.
Simultáneamente, se suceden en todo el mundo batallas, que no por ser locales dejan de ser claves en la lucha global contra el cambio climático. En el Estado español –como ejemplo de lo que ocurre en los países enriquecidos– tenemos decenas de plataformas ciudadanas que agrupan a diversos grupos políticos y sociales de izquierda en oposición a la construcción de centrales térmicas o por el cierre de las centrales nucleares existentes –la producción de energía nuclear emite más GEI que la de renovables. También está siendo muy importante la lucha de la Plataforma ‘Refinería NO’ en Extremadura.
La vanguardia en la lucha contra el cambio climático en los países empobrecidos, pero ricos en bosques (depósitos de carbono), son las comunidades indígenas que defienden cada día sus tierras de la explotación insostenible de madereras y petroleras. Estas poblaciones indígenas forman parte del movimiento ecologista internacional, aunque ellas mismas no se reconozcan como tal, pues ejecutan lo que se conoce como “ecología de los pobres”, es decir, defienden sus formas de vida basadas en la conservación ambiental frente a la depredación capitalista.
Los trabajadores de sectores clave para la economía de algunos países empobrecidos –como el petrolero o el minero– deberían jugar un papel importante en la lucha contra el cambio climático y por la conservación ambiental y la diversificación productiva.
Sindicatos y ecologistas
Los sindicatos tuvieron un papel importante a la hora de impulsar las primeras leyes ambientales modernas, en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, los sindicatos estadounidenses se movilizaron fuertemente para aprobar leyes como las relativas a la conservación del agua potable (1974), al control de las sustancias tóxicas (1976) o (en el movimiento de los años ‘60 y ’70) contra la energía nuclear.
Actualmente, algunos trabajadores organizados en sindicatos también se están enfrentando al cambio climático desde sus bases. El ‘sindicalismo verde’ en su forma más radical apoya la organización democrática de los trabajadores para tomar en sus manos la producción, democratizarla y adecuarla a los límites naturales de crecimiento. Desde este sindicalismo se aboga por un decrecimiento y una producción basada principalmente en lo local. Se reivindica, conjuntamente con la disminución de los impactos socioambientales, un reparto justo de las riquezas obtenidas con la explotación sostenible del entorno. De esta manera, se enfoca la lucha por la conservación ambiental desde una perspectiva de clase.
La colaboración de los sindicatos asamblearios y combativos con los grupos ecologistas es clave en el camino contra la crisis ambiental. Precisamente por ser organizaciones muy distintas, pueden llegar a ser muy complementarias. Los trabajadores en sus centros tienen la posibilidad de presionar dejando de producir y conocen bien cómo producir de forma sostenible. Los ecologistas –la mayoría, también trabajadores– conocen en profundidad las problemáticas ambientales a escala global y practican formas de movilización alternativas. Esta combinación multiplica las posibilidades de actuación y éxito en las campañas.
Actualmente, observamos en Gran Bretaña un ejemplo de unión entre sindicatos y ecologistas contra el cambio climático. Activistas de grupos ecologistas se han unido a cientos de trabajadores de la empresa de aerogeneradores Vestas, amenazados con el despido, y que previamente habían ocupado su fábrica. Acabar con el empleo en Vestas es fomentar el cambio climático y arruinar la vida de sus trabajadores.
En la visita del Ministro para el Cambio Climático a Oxford, la presión de los manifestantes (integrados por ecologistas y trabajadores de Vestas) permitió que uno de éstos interviniese en el mítin. Preguntó que, ya que se nacionalizaban los bancos en crisis, por qué no se hacía lo mismo con empresas como Vestas que son claves para frenar el calentamiento global y construir una “economía verde” y, sin embargo, cierran y despiden a cientos de trabajadores. El ministro respondió que, si se nacionalizara Vestas, se asustaría a otras empresas que no invertirían en el Reino Unido. Esta posición muestra, una vez más, que los gobiernos socialdemócratas son incapaces de frenar la crisis ecológica al apostar por el mercado para afrontarla; un mercado que se ha demostrado una y otra vez totalmente irracional y destructivo. La lucha de los trabajadores de Vestas y los ecologistas continúa con múltiples acciones de protestas. Ejemplos como los de la fábrica de cerámicas Zanón (ahora FASINPAT: FÁbrica SiN PAtrones) en Argentina muestran cómo la autogestión de las empresas por los trabajadores es posible en el siglo XXI.
Del mismo modo que están luchando contra el cierre de actividades de la “economía verde”, sindicatos y ecologistas deben unirse también para bloquear actividades con fuertes impactos socioambientales y, a la vez, fomentar un modelo de producción que no altere el clima del planeta. Estas acciones conjuntas, conocidas como ‘prohibiciones verdes’ (green bans), nacieron en Sydney en los años ‘70 y aún hoy siguen vivas. Cuando grupos vecinales y ecologistas se enfrentaban a un proyecto urbanístico agresivo con su entorno, se coordinaban con sindicatos combativos y de base para que sus trabajadores se negaran a participar en dicho proyecto. Y, recíprocamente, cuando estos trabajadores se veían amenazados, los ecologistas responden junto a ellos.
Las green bans se extendieron desde los obreros de la construcción y la ciudad de Sydney a otros sectores industriales y otras ciudades australianas. Por ejemplo, en 1976 la Unión de Sindicatos Australianos bloqueó la minería, transformación y exportación de uranio. Las ‘prohibiciones verdes’ darían muchísima más fuerza, por ejemplo, a las luchas contra las centrales térmicas, las nucleares o la refinería de Extremadura.
Para que la alianza entre sindicatos y ecologistas funcione, hay que seguir construyendo sindicatos rojos y verdes, amplios, asamblearios y combativos, a la vez que hacerlos confluir con el movimiento ecologista y otros movimientos sociales. Ejemplos recientes muestran que los sindicatos no en pocas ocasiones se alinean aún con los empresarios y contra los ecologistas, como ocurrió tras el catastrófico vertido de lodos contaminados desde la mina de Aznalcóllar en Sevilla en 1998 o, más recientemente, frente al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Otros modelos de desarrollo más justos con el ser humano y su entorno son posibles, por ejemplo, cambiando la energía nuclear en Garoña por una central solar y/o eólica y diversificando, bajo control ciudadano, la economía de la comarca. Huelgas, manifestaciones, desobediencia civil y otras acciones masivas que le den la vuelta al “profits before people” son el único camino para que la gente controle realmente sus vidas y, con ellas, cómo relacionarse con su entorno. Y, sobre todo, que lo haga antes de que sea demasiado tarde para demasiados.
El valor de estas movilizaciones de base frente a las que realizan activistas de élite de grupos ecologistas como Greenpeace es que en las primeras participa mucha más gente de forma directa. Esta participación plural y democrática espolea la progresión en el pensamiento de los participantes –no únicamente en temas ambientales– al interaccionar con otros activistas y unir la teoría con la práctica. Se demuestra que intervenir colectivamente es posible, a la vez que se genera confianza en las luchas desde abajo. Es en las movilizaciones masivas donde se van construyendo los modos de organización alternativos imprescindibles para un futuro sostenible.
Por muy manida que suene la frase, el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos, y éstas deben ser manos asamblearias, radicales e imaginativas que construyan futuro a la vez que revolucionan el presente.

Jesús Castillo. 
Profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla