Voltear a Persico costo seis plantitas

En diálogo con Criticadigital, el líder Movimiento Evita, Emilio Pérsico, reveló que fue Alicia Kirchner quien le pidió el lunes a la noche la renuncia, tras enterarse que uno de sus nueve hijos había utilizado una camioneta oficial para transportar plantas de marihuana. La hermana del ex presidente aceptó la dimisión este martes.
"¿Podría confirmar que renunció a su cargo en el Ministerio?", interrogó este medio. "Sí, la renuncia me la pidió Alicia ayer, la firmé y ella ya la aceptó", respondió Pérsico y agregó: "Desde ayer que no tengo más vinculación" con ese organismo nacional.
Pérsico negó que su hijo de 27 años trabajara con él en el ministerio y aclaró que le "ayudaba en tareas militantes". En lo laboral, "tiene un pequeño aserradero con dos socios en Villa Elisa", aseguró.
El ex funcionario confirmó que elevó el lunes a la tarde su dimisión a la cuñada de la presidente Cristina Kirchner "por el hecho de índole privada que me afecta".
El dirigente social se vio muy afectado luego que su hijo Pablo fue detenido el lunes por la mañana en la casa del ex cuñado cuando cargaba entre cinco y seis plantas de marihuana en la camioneta Renault Kangoo del Ministerio de Desarrollo asignada a su padre. 
"Yo vivo en una zona difícil -explicó Pérsico- y la había dejado en la casa de mi madre, y en el Día de la Madre, Pablo estaba en lo de la abuela y tomó el coche para ir a mediar. Ese fue su error". El piquetero K aseguró que se vio involucrado "de bueno, porque fue mediar en una pelea entre el ex cuñado y otra persona".
En la defensa, Fernando Roldán, el abogado del hijo del piquetero, afirmó que Pablo Pérsico “acudió en ayuda humanitaria, pero comete un error, ante el pedido de una persona” de apellido Yáñez.
“Esta persona llama desesperadamente y le pide por favor que vaya, y le dice 'porque me han pegado y además me denunciaron'”, relató el abogado. “Entonces acude raudamente, a ver qué estaba pasando, a ver si corría peligro esta persona o su hijo pequeño”, continuó el letrado de Pérsico.
El abogado señaló además que su cliente sufre de "úlcera gastrointestinal crónica" y debió ser atendido esta tarde por un médico en el calabozo donde está preso.
Tal vez la decisión de Alicia Kirchner pueda resultar apresurada siendo este un caso sumamente confuso y la accion apresurada pude ser justamente lo que se esta buscando desde sectores que ya estan acostumbrados a realizar tareas de esa naturaleza.y en el caso puntual de las seis plantas,consultamos a tecnicos agronomos y confirmaron que seis plantas en este momento no significan mas de dos o tres porros(segun la jerga)y eso no significaria un dolo de la magnitud expresada en los medios y que si tuvieron el impacto logrado.En otras epocas los hijos de funcionarios no solo usaban los vehiculos oficiales,los objetivos eran la desaparicion de personas. 


Redaccion

Algo Feo Se Cocina Con el Agua

¿Qué buscan las grandes instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial al repetir con insistencia que el agua será cada vez más escasa y que las guerras de este siglo serán a causa del agua?
¿Qué buscan las grandes instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial al repetir con insistencia que el agua será cada vez más escasa y que las guerras de este siglo serán a causa del agua? Veamos dos ejemplos recientes. El lema de la celebración del día del ambiente, el pasado 5 de Junio, promovido por el PNUMA, fue textualmente "Dos millones de personas están muriendo por el agua". Un poco antes, en marzo, cuando se celebró el III Foro Mundial del Agua, en Kyoto, se utilizó hasta la saciedad la espeluznante cifra de que para el 2025 dos tercios de la población mundial deberán enfrentar déficit de agua limpia. Y constantemente se nos recuerda que entre 1940 y 1990 la población del mundo creció de 2.300 millones a 5.300 millones de personas, y que el uso de agua se elevó cuatro veces. Lo cierto es que las corporaciones transnacionales del agua están aprovechando muy bien la escasez del líquido vital para empujar una de las más perversas de las privatizaciones, con una estrategia que consiste en convertir una crisis ecológica como la del agua en el mercado de un recurso escaso. Es decir, prometen garantizar la provisión de agua para quien pueda pagar por ella, con el argumento de que el precio debe reflejar la escasez, y el costo de las inversiones para su distribución. Política de recuperación de costos es el nombre con que se está desmoronando el derecho fundamental ?irrenunciable- de la población al agua . Si corremos el velo de las cifras globales sobre el consumo de agua, en EE.UU. un habitante promedio consume cada año 2.300 m3 y la Unión Europea más Japón consumen en promedio 900 m3 anuales por habitante, según datos calculados en base al uso doméstico y consumo diario de productos industriales cuyo procesamiento demanda agua (papel, plásticos, alimentos, electricidad, refrigeración). En India, en cambio, el 93% del agua que se utiliza es destinada para regar los campos y producir alimentos. También está el hecho de que una gran cantidad de agua dulce se destina a fines industriales. Entre las de mayor demanda están industrias como la Coca Cola, la minería metálica, la agro-industria, las plantaciones forestales, que en algunos casos resultan ser además, altamente contaminantes, como lo es también la industria petrolera. Un ejemplo bien cercano lo tenemos en las provincias de Sucumbíos y Orellana, a las cuales 30 años de extracción petrolera les ha dejado sin fuentes confiables de agua limpia, ni subterráneas ni superficiales. El escandaloso récord que se aplicó en su territorio es que por cada barril de petróleo extraído se vertió a los ríos un barril de ?agua de formación?, que tiene un alto contenido de metales pesados y sustancias radioactivas, y es 6 veces más salina que el mar. Si trasladamos esta práctica a lo general, los 77 millones de barriles de petróleo que se consumen cada día a nivel mundial, significa igual número de barriles de agua de formación vertidos a los cuerpos de agua por día. La Asociación Mundial del Agua, actor principal Las nuevas políticas de agua ni se orientan a frenar el despilfarro ni condenan la contaminación. Según la Guía para la Gestión de Recursos Hídricos, presentada por Global Water Partnership en febrero del 2003, quienes contaminan ?pueden obtener el derecho de comprar y vender cuotas para sus emisiones?, es decir: comprar el derecho a contaminar. Global Water Partnership, o Asociación Mundial del Agua, es impulsada por la banca multilateral, ciertas ONGs, compañías privadas y la ONU, para garantizar ?mayor eficiencia y efectividad de las inversiones hechas en el sector agua?. Funciona como una red, con comités regionales de asesoría técnica en cada región del mundo. En Sudamérica, la Cepal-Buenos Aires es el comité que asesora a los grandes donantes sobre qué programas financiar. Global Water Partnership impulsa los mercados de agua superficial y subterránea, la transferencia del agua (desde los usos de menor valor a los de mayor valor o rentabilidad), las subastas públicas en que se ofrece el agua al mejor postor. Además considera que ?las reformas impopulares pero necesarias, como el aumento de tarifas, recoger cuentas no pagadas, reducir la fuerza laboral, es un motivo político para el involucramiento creciente del sector privado de gran tamaño y/o internacional, en vez de ser realizadas por políticos?. Los grandes donantes, Francia, Inglaterra, EE.UU., España, países de origen de un puñado de transnacionales del agua (Suez Lyonnaise, Vivendi, Thames, Bechtel, Aguas de Barcelona), están pujando por una serie de reformas a las leyes hídricas nacionales para operar a plenitud. Con ayuda del Banco Mundial y el BID les faltaría poco: según un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, entre 1990 y 1995, el B. Mundial dio 21 préstamos con la privatización como una condición; entre 1996 y el 2002 el número aumentó a 61. El rol del BID en el Ecuador  El Ecuador se endeudó con el BID en $40 millones, en Julio del ?97, para privatizar el agua de Guayaquil, ?reconfigurar? la autoridad municipal de agua y alcantarillado (sobre todo despido de trabajadores de ECAPAG), y rehabilitar los sistemas de agua y alcantarillado. Este crédito fue, por decirlo de alguna manera, un primer esfuerzo para aliviarle las inversiones a Interagua, beneficiaria de la privatización y subsidiaria de International Water Group of Netherlands, que en realidad es Bechtel, la empresa responsable de la ?guerra del agua? en Bolivia y que recibió enormes beneficios tras la invasión a Irak . El segundo esfuerzo se dio el 24 de enero 2003, cuando Interagua/Bechtel pidió al BID un préstamo de $40-50 millones, poniendo al estado de garante. Como el total requerido para el período 2002-2006 es de $146 millones, la empresa prevé que lo que falta se completará con un auspicio aún sin definir, y con los flujos de caja, es decir el ingreso por planillas. Si la gente de Guayaquil se resiste a pagar, Interagua no tendrá cómo responder al proyecto pues no cuenta con capital significativo propio. Tal como lo hizo en Cochabamba. Con el nombre de Aguas del Tunari, Bechtel operó sin invertir sus propios fondos y se respaldó en el mismo membrete jurídico, International Water Group of Netherlands, con registro en Holanda. No hay que olvidar que la ley conocida como Trole 2, que contiene reformas a la Ley de Modernización y a la Ley Especial del Cedegé (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas), dio gusto a la exigencia internacional de que, a nivel nacional, el agua potable y de riego sean entregadas al sector privado. Un año más tarde, 3000 campesinos de Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo se movilizaron y frenaron temporalmente el intento de Cedegé de iniciar el proyecto de riego Villao que pretende que la tarifa por el agua sea de alrededor de mil dólares/há/año y de $6.274/há por el costo de la infraestructura. Bechtel de cuerpo entero La política de recuperación de costos ya ha tenido nefastas consecuencias. En Cochabamba, después que la distribución del agua fue concesionada a Bechtel, la tarifa mensual de agua subió 400%, de 5 a 20 dólares, para el sector obrero, cuando esos 15 dólares suponían la comida de una familia durante una semana y media. Bechtel, la empresa de agua más grande de EE.UU., tuvo que salir de Bolivia pero demandó por 25 millones de dólares a Cochabamba por las oportunidades de ganancias no percibidas. Un año y medio después, tras la invasión a Irak, la administración Bush le otorgó como premio consuelo un contrato de $680 millones para participar de la rentable ?reconstrucción de Irak?. En el directorio de Bechtel está George Schultz, que fue secretario de estado en el tiempo de Reagan, y acaba de ser jefe del Comité para la Liberación de Irak. ?Sería muy torpe? que EE.UU. se quede con los contratos jugosos en Irak, fue la reveladora reacción del comisionado de relaciones exteriores de la U.E., Chris Patten. Por ejemplo, Bechtel debería dar a la británica Thames Water la posibilidad de intervenir en contratos de alcantarillado. La codicia por el agua En Sudáfrica, la política de recuperación de costos significó la imposición del sistema de pre-pago forzando en el 2000 a que la población prefiera obtener el agua de ríos cercanos, lo que provocó la muerte de 300 personas y que más de 1.200 se infecten de cólera, la más grande epidemia de cólera en la historia de este país. Desde 1996, más de 10 millones de sudafricanos han perdido su acceso al agua como consecuencia directa de la privatización y la política de recuperación de costos, que en este país hizo que las tarifas subieran por sobre el 600%. El acuífero guaraní, la mayor reserva mundial de agua dulce ya comienza a ser privatizado, de acuerdo a información dada por el Movimiento de los Sin Tierra. Nestlé compró las fuentes en el municipio de Armazén, estado de Sta. Catarina, en Brasil y Coca Cola está moviéndose en Paraguay. Durante el régimen de Cardoso se entregó al Banco Mundial la coordinación de los estudios sobre el acuífero Guaraní, el más grande del planeta, con el detalle de que las informaciones no estarán ni a disposición del gobierno ni de los ciudadanos de Brasil. Está claro que algo muy feo se cocina con el agua. Los derechos de los inversionistas quieren burlar el derecho fundamental de la humanidad al agua, convirtiéndola en una mercancía funcional a los requerimientos del mercado y la rentabilidad. Pero sin duda la sed de control de las corporaciones seguirá encontrándose con la resistencia de otras ciudades como Cochabamba, de otros campesinos como los de Pedro Carbo, de jóvenes como el que en Sudáfrica escribió en las paredes ?!disfruta del agua, rompe el medidor!?.
	Cecilia Chérrez

Manifiesto por el agua y la vida

Quienes venimos trabajando por la defensa del agua como un derecho humano fundamental, rechazamos abiertamente el intento por desconocer ese derecho fundamental plasmado en la Constitución de Montecristi, ratificada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. No entendemos por qué se quiere conculcar dicho derecho y los derechos de la naturaleza mediante un código ambiental y del agua
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, representantes de organizaciones, colectivos, redes y personas comprometidas con la vida y con la necesidad de cambios profundos en nuestro país, queremos expresar nuestra preocupación por todas aquellas propuestas legales del gobierno nacional, que ponen en riesgo la vida misma. Por lo tanto, quienes venimos trabajando por la defensa del agua como un derecho humano fundamental, rechazamos abiertamente el intento por desconocer ese derecho fundamental plasmado en la Constitución de Montecristi, ratificada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. No entendemos por qué se quiere conculcar dicho derecho y los derechos de la naturaleza mediante un código ambiental y del agua, que además desconoce el carácter Plurinacional del Estado y burla las demandas sociales para la vigencia plena de los derechos humanos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
El 27 de mayo, la SENAGUA presenta en su página web la cuarta versión de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. En esta versión se incorporan algunas observaciones de las organizaciones sociales, pero muchos planteamientos fundamentales no se recogieron. De manera sorpresiva, el 3 de junio aparece el “Código Ambiente y Agua”, compuesto por varios libros, uno de ellos constituye una versión reformada por el MAE de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, presentada por la SENAGUA.
Nosotros vemos con preocupación la unificación de la Ley de Aguas en el Código de Ambiente y Agua. La primera Disposición Transitoria de la Constitución establece que se aprobará “La Ley que regule los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua…”. En ninguna parte se señala que ésta Ley debe ser parte de un Código.
Revisados los contenidos de los diferentes libros que integran el borrador del Código se encuentra un desarrollo muy heterogéneo, que podría entorpecer el análisis y debate de la propuesta de Ley de Aguas y poner en riesgo el cumplimiento del plazo previsto en la Constitución. Hay que reconocer que la Ley de Aguas viene formulándose en un largo proceso de análisis y debate, mientras que el Código de Ambiente y Agua se ha elaborado sin ninguna participación social y es producto de un grupo de personas contratado por el Ministerio del Ambiente.
Con propuestas normativas como las plasmadas en los cuerpos jurídicos motivo de este pronunciamiento, parecería que se construye una estrategia orientada a minimizar los derechos de la naturaleza, así como los derechos colectivos. En la mira del proyecto de ley aflora el desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los de las comunidades campesinas y pobladores en general. ¿Será acaso que su fin último es favorecer a transnacionales que buscan el control de los recursos naturales, la biodiversidad, y los servicios del agua potable y el saneamiento?. Con dicho proyecto se pretende vaciar de contenido a los derechos de la naturaleza, privatizar los elementos constitutivos y las funciones de la Pachamama, incluida el agua. El líquido vital como sucedía en la “larga noche neoliberal”, volvería a estar dentro de la lógica del libre mercado, en tanto se facilita su privatización. Igual cosa sucede con los bosques y suelos, con las plantas y animales, con la vida misma, a la que se pretende mercantilizar, convirtiéndola en simples servicios ambientales, siguiendo la línea del fracasado Consenso de Washington y sus políticas neoliberales.
El código ambiental desnuda una reiterada estrategia de control por parte del capital transnacional de los recursos naturales, biodiversidad, agua y territorios en América Latina. Es más, revive la mal llamada ley de biodiversidad, auspiciada y promovida activamente por la Embajada de Estados Unidos y transnacionales de la conservación, la que en su momento, durante el régimen de Gustavo Noboa, recibió el rechazo contundente de sectores comprometidos con la defensa de la soberanía nacional.
No aceptamos que se borre con el código lo que se firmó con la mano en Montecristi. Por estas razones, nuestra demanda es que se presente la propuesta de Ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua como un cuerpo independiente y que se lo haga teniendo en consideración que debemos contar con la Ley dentro del plazo establecido por la Constitución.
Reiteramos nuevamente nuestros planteamientos expresados en el Manifiesto por el Agua y la Vida, en los cuales basamos nuestras demandas y acciones:
1. La naturaleza y el agua
El agua como parte de la naturaleza tiene derecho a fluir y a recrear la vida, permitiendo con esto la existencia de las diversas especies.
La Constitución reconoce a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos, lo que implica respetar integralmente su existencia y el mantenimiento de sus ciclos vitales. La defensa de sus derechos recae en las manos de todos los habitantes del país, así como de pueblos y nacionalidades, tal como dispone la constitución.
2. El Derecho humano al agua
Un punto básico de la nueva Constitución es entender el agua como un derecho humano fundamental. No se trata de asegurar el acceso al agua. La ley, así como las acciones y políticas públicas, deben garantizar la vigencia de dicho principio, tanto como la asignación de agua en cantidad y calidad suficientes, en el marco de los principios de justiciabilidad y equidad para todos los habitantes de la ciudad y del campo, particularmente para quienes se encuentren en situación de desventaja socio-económica.
El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es clave para la regeneración de la vida y representa un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas.
Para cumplir con este derecho humano, es necesario un proceso urgente de desmonopolización y desprivatización del agua. De ninguna manera aceptaremos que no se realice la auditoria integral de todas las concesiones de agua, tal como dispone la Constitución.
3. Patrimonio nacional estratégico de uso público
La ley y las acciones y políticas públicas deben garantizar la preservación del agua en su calidad de patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidas las futuras generaciones. Por lo tanto, su gestión es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, debe involucrar a todos los ciudadanos y ciudadanas a través del manejo comunitario. Por ese motivo, estamos preocupados por las intenciones plasmadas en el proyecto de ley, en el que se minimiza el papel comunitario del control del agua, además le desautoriza en su gestión interna.
Además, se debe reconocer que el agua es un bien público cuyas bondades para las sociedades humanas y para los ecosistemas, no pueden ser reducidas a un valor comercial. La mercantilización del agua conducirá a su expropiación, a su deterioro y a la marginación de amplios segmentos de la población, en las ciudades y en el campo.
4. Derecho colectivo al agua
La Constitución reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos, los cuales deben ser garantizados por el Estado ecuatoriano. Reconoce también sus derechos a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de autoridad en sus territorios legalmente constituidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Los derechos colectivos garantizan la conservación de la propiedad de las tierras comunitarias, su control territorial, el manejo y administración de la biodiversidad y de su entorno natural.
La consulta previa, libre e informada en proyectos que pueden afectar ambiental y culturalmente a las comunidades y/o pueblos que están en un determinado territorio, es un derecho colectivo, consagrado en la Constitución y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que determina que solo hay dos formas de gestión del agua: pública y comunitaria. Por lo tanto el Estado está en la obligación de proteger y fortalecer las formas comunitarias de manejo del agua, respetar sus instancias territoriales y de ejercicio de autoridad, así como su participación en la institucionalidad que regule la gestión del agua.
5. Participación ciudadana
Las acciones y políticas públicas, así como la Ley de Aguas, deben garantizar la existencia de mecanismos, condiciones y estrategias de participación vinculante en la planificación, control y gestión integral e integrada del agua. Deben involucrar a los consumidores, usuarios, trabajadores de empresas de agua potable, gobiernos comunitarios territoriales, pueblos y nacionalidades ancestrales, así como a las juntas comunitarias de riego y agua potable. En ese ámbito, se priorizará la participación asociativa y se garantizará la representatividad a nivel de instancias como los órganos de decisión nacional y locales de la autoridad única del agua, instituciones sectoriales de usos del agua, empresas públicas de agua potable, y toda aquella gestión relativa al agua.
Para facilitar y garantizar la participación, debe instrumentarse como política pública el efectivo fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las organizaciones sociales y populares, incluidas las que se orientan a la vigilancia y control social, así como a la mediación y resolución alternativa de conflictos.
6. Institucionalidad
La gestión y planificación de los recursos hídricos que se destinen a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico, actividades productivas y otras, se deben canalizar través de una autoridad única del agua con rango ministerial y rectoría sobre la totalidad del sector hídrico, incluidos los subsectores del agua potable y saneamiento, aguas marítimas y fluviales, riego y medio ambiente y que respete el carácter plurinacional y los derechos colectivos y de la naturaleza establecidos por la Constitución.
Se abre la puerta para que varias organizaciones manejen de manera fragmentada el agua, como la autoridad ambiental y la superintendencia, siguiendo los mismos conceptos de gestión que el Banco Mundial ha promovido desde la década de los 80's.
Lamentablemente, en el proyecto de ley de la SENAGUA y en el Código de Ambiente y Agua se irrespeta totalmente la disposición constitucional que establece la autoridad única del agua, estableciendo dos autoridades del agua. Se plantea además en el Código la división del dominio hidráulico público en dos campos: Bajo las competencias de la autoridad ambiental las aguas que se encuentren en el sistema de áreas protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del Estado y, bajo las competencias de la autoridad única del agua las aguas que están en el resto del territorio nacional.
7. Gestión integral e integrada por cuencas hidrográficas
El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; en particular, debe velar por la conservación y uso sustentable y no contaminante de las fuentes, zonas de recarga y aguas subterráneas.
Las políticas públicas deben efectivizar y operativizar la previsión y gestión de los riesgos naturales y desastres, incluido el manejo y protección de esteros las quebradas, laderas y cuencas de captación.
La gestión integral e integrada de los recursos hídricos por cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas fomentará la redistribución equitativa del agua así como su gestión colectiva basada en mecanismos efectivos de participación, sin perjuicio de los derechos colectivos y que no soslayen ni desconozcan las instancias sociales-comunitarias de manejo e institucionalidad.
8. Orden de prelación
La prioridad absoluta en cuanto a uso y aprovechamiento del agua debe ser otorgada al consumo humano y luego al riego para la soberanía alimentaria, sin afectar el caudal ecológico.
Las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua deben ser otorgadas acordes a un nuevo modelo de desarrollo que tiene como finalidad garantizar la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, un modo de vida saludable y una redistribución equitativa del agua. En este sentido, se dará prioridad a los usos y aprovechamientos que no contaminan al agua y en particular a los proyectos comunitarios.
En aplicación a las disposiciones transitorias vigésimas sexta y séptima de la Constitución de la República, urge revisar el otorgamiento de las concesiones en función del orden de prelación.
9. Riego – Sistemas comunitarios
El riego debe ser un medio para el desarrollo sustentable de la población rural, dirigido a la lucha contra la pobreza y a la construcción de una sociedad con mayor equidad. Debe ser prioridad del Estado la mejora y ampliación de los sistemas comunitarios y campesinos de riego, sobre todo de aquellos que garanticen la soberanía alimentaria, entendiéndose que el riego comunitario tiene sus propias dinámicas y normas propias que obedecen a su cosmovisión. Es responsabilidad del Estado apoyar y reconocer dentro de la institucionalidad a modalidades de riego que aseguren la recuperación, conservación y protección del suelo y de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos. La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego es competencia de las organizaciones indígenas, campesinas y de usuarios con el apoyo del Estado.
10. Agua potable y saneamiento ambiental
En razón de que la mala calidad del agua es la primera causa de muerte infantil en el país, se debe dotar a la población con agua potable en cantidades suficientes y calidad que cumpla con las normas nacionales e internacionales.
El Estado debe fortalecer la gestión de empresas públicas y sistemas comunitarios en la prestación de servicios de agua de calidad mediante mecanismos como los acuerdos de cooperación entre sectores públicos y comunitarios para la transferencia de tecnología, conocimientos y recursos; además, se respetará y protegerá a las jurisdicciones de los sistemas comunitarios.
A nivel municipal, se garantizará la calidad del servicio de agua potable, el tratamiento de las aguas servidas y el manejo técnico y sustentable de los desechos sólidos y hospitalarios, a más de obligar a los sectores productivos a asumir su responsabilidad en el manejo de los residuos.
Para dar cumplimiento a la disposición transitoria vigésimo sexta de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los procedimientos para la reversión de las concesiones a empresas privadas y la concreción de un manejo y gestión exclusivamente públicos mediante la realización de auditorias con participación social. En otras palabras, no hay posibilidades para su privatización directa o indirecta, como se pretendería con la propuesta de establecer empresas mixtas con el sector privado.
11. Prevención, regulación, control, reparación y sanción de la contaminación del agua
El control y sanción de la contaminación del agua potable y de los recursos hídricos deben estar a cargo de una sola institución adscrita a la autoridad única del agua pero independiente de los órganos de gestión y de los municipios. Se garantizará la participación ciudadana en esta institución a más de desarrollar mecanismos vinculantes como veedurías y defensorías.
Actividades que contaminan el agua como metales pesados u otras sustancias altamente tóxicas para el ambiente, la salud humana o la producción de alimentos sanos, com o la minería metálica a gran escala, imposibilita el deber estatal de proteger el recurso agua, y viola el derecho al Buen Vivir. Por tanto, actividades mineras deben ser permitidas solo en los casos que se lograra comprobar que no contaminarán el agua con esta clase de sustancias.
Es responsabilidad primordial del Estado prevenir la contaminación, el causante de contaminación o daño será responsable de su reparación integral. www.ecoportal.net
Firma en Quito el 23 de junio del 2009 por las organizaciones y personas adherentes
Manifiesto por el agua y la vida

Organizaciones adherentes al Manifiesto:
ECUARUNARI - Humberto Cholango- Presidente
Foro Nacional de los Recursos Hídricos - Antonio Gaybor S. - Coordinador
COPROBICH-Corporación de Productores y Comercializadores Bio Taita Chimborazo - José Yautibug
ASACI - Asociación de sistemas de Agua del Cerro Igualata - Hugo Paredes - Presidente
INTERJUNTAS Chimborazo - Hugo Vinueza - Secretario
SEEMAAPQ - Sindicato de Empleados de Agua Potable de Quito - Gonzalo Rivera - Secretario General
Movimiento por la Salud de los Pueblos- Ecuador - Erika Arteaga
Intermón Oxfam - Vinicio Villalba - Director en Ecuador
Acción Ecológica – Ivonne Ramos - Presidenta
IEDECA – Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas - Ivan Cisneros - Director Ejecutivo
DECOIN - Defensa y Conservación Ecológica de Intag - Carlos Zorrilla
CDES - Centro de Derechos Económicos y Sociales -Angel Bonilla - Director Ejecutivo
FIAN – Ecuador - Food First International and Action Network - Natalia Landivar
Casa del árbol/Cooperativa Zapallo Verde - Fabricio Guamán
ISP Internacional de Servicios Públicos - Programa Andino de Agua - Ricardo Buitrón
PROBIO – Productores biológicos – Cecilia Ponce – Coordinadora
CONSORCIO TOISAN – Intag – Cotacahi – José Cueva Director Ejecutivo.
CUBE - Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador - Natasha Rojas - Presidenta Nacional
Foro de Santa Elena - Guadalupe Rivadeneira Núñez - Coordinadora
Foro de Recursos Hídricos de Pastaza - Oscar Yépez Báez - Coordinador
FUNDACIÓN DE CULTURAS INDIGENAS KAWSAY - Cesar Pilataxi -Presidente
Fundación UTOPÍA - Roberto Gortaire
COMICH - Delfín Tenezaca - Presidente
UNAGUA Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay - Carlos Pérez Guartambel - Presidente
CEDHU – Hermana Elsie Monje - Directora
Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo de Recursos Humanos - Alfonso Román Campaña - Presidente
Radioparque FM La Plata

Personas adherentes al Manifiesto:
Alberto Acosta
Nathalie Weemaels
Sylvain Bleuze
Benjamín Inuca
Edwar Vargas
Susy Garbay
Mencha Barrera
Juan Manuel Crespo
Francisca Frisone
Rocio Bastidas Granizo
María Fajardo
María Arboleda
Pablo Fajardo
Lina Cahuasquí
Enrique Gallegos Arends

Honduras

Las negociaciones para tratar de zanjar la crisis política en Honduras entraron en un punto muerto, nos informa desde Tegucigalpa la Agencia Reuters, en medio de acusaciones cruzadas entre el Gobierno de facto y el equipo del depuesto presidente Manuel Zelaya de entorpecer el diálogo.
El estancamiento se produjo después de que los delegados de Zelaya rechazaran una propuesta del Gobierno de facto del presidente Roberto Micheletti de que sean los negociadores quienes decidan sobre la restitución del depuesto mandatario considerando informes de la Corte Suprema y el Congreso.
Así, la búsqueda de una salida negociada a la crisis desatada por el golpe de Estado de finales de junio a través de una mesa de diálogo que se había puesto en marcha a inicios de este mes quedó seriamente comprometida.


"El diálogo está en estado de relativo estancamiento. Micheletti no ha demostrado voluntad política. Usa el diálogo como mecanismo de distracción para ganar tiempo. Pone en práctica maniobras dilatorias, propuestas inadmisibles y en algunos casos provocadoras y hasta insultantes", "Nos piden que reconozcamos que no hubo golpe de Estado, no nos vamos a volver a reunir hasta que tengamos una propuesta constructiva y seria", dijo en rueda de prensa Víctor Meza, miembro de la comisión de diálogo de Zelaya. 
También señaló que en Honduras no hay en marcha un proceso electoral que concluirá el 29 de noviembre próximo sino "un fraude electoral en marcha".
El diálogo se reanudó poco después de la visita de una misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) a inicios de mes sobre una propuesta del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que tiene a la restitución al poder de Zelaya como parte medular.
Lo cierto es que esta situación que ya se prolonga desde hace mas de 3 meses y medio, está cuestionando el orden democrático en Latinoamérica, y puede sentar precedentes indeseados a pesar de la condena al gobierno de facto por parte de la comunidad internacional

El juego de la mentira o 

cómo se prepara una guerra de agresión

En 2001, el Observer de Londres publicó una serie de reportajes en los que informaba de la «conexión iraquí» con Al Queda, llegando incluso a describir las bases, en Iraq, en las que se entrenaban los terroristas, así como la descripción de un laboratorio en el que se producía el ántrax como arma de destrucción masiva. Todo era falso. Proporcionadas por los servicios secretos de EE.UU., así como por exiliados iraquíes, las mentiras se expandieron a través de los medios británicos y estadounidenses y ayudaron a George Bush y a Tony Blair a lanzar una invasión ilegal que ha causado hasta la fecha 1,3 millones de muertos, según las últimas estimaciones.
Algo comparable está ocurriendo con Irán: las mismas coincidencias entre las revelaciones gubernamentales y las mediáticas (coincidencias no casuales, sino planeadas), están creando un sentimiento de crisis idéntico al de Iraq.
«Se avecinan enfrentamientos con Irán por la planta nuclear secreta», declaró el Guardian del 26 septiembre. «Enfrentamientos» es la palabra. El bien contra el mal. Agreguemos al amable nuevo presidente estadounidense «que fue elegido para hacer que se olvidaran» los años de Bush. Un eco inmediato es la primera página del Guardian del 22 de mayo de 2007:  «El plan secreto de Irán con vistas a una ofensiva en el verano para expulsar las tropas de EE.UU. fuera de Iraq». Basándose en informaciones del Pentágono carentes de todo fundamento, el periodista Simon Tisdall presentaba como una certeza el plan iraní para atacar y vencer a las fuerzas estadounidenses en Iraq en septiembre de este año. Una mentira evidente de la que nunca se retractó.
En la jerga oficial, ese tipo de propaganda se llama «psi-op», acrónimo de operaciones psicológicas (en inglés, NdT). En el Pentágono y en la Casa Blanca, evocar la «amenaza nuclear» de Irán se ha convertido en una pieza clave de la campaña diplomática para bloquear, aislar y debilitar a ese país. Esas palabras son utilizadas permanentemente por Barack Obama y Gordon Brown, y luego la BBC y otros medios las difunden como si se tratase de informaciones objetivas. Sin embargo son absolutamente falsas.
El 16 de septiembre, la revista Newsweek reveló que las principales agencias de información de EE.UU. informaron a la Casa Blanca de que el estatus nuclear de Irán no había cambiado desde la evaluación oficial del Servicio Nacional de Inteligencia de noviembre de 2007 que afirmaba, con un alto grado de verosimilitud, que Irán había interrumpido en 2003 el programa de cuyo desarrollo se le acusaba. La Agencia Internacional de Energía Nuclear ha ratificado en varias ocasiones esa afirmación.
A estas acciones de propaganda presentadas como si fuesen informaciones veraces, ha seguido el anuncio de Obama del retiro de los misiles de Estados Unidos instalados en la frontera rusa. Esto sirve para encubrir que el número de sitios de lanzamiento de misiles de EE.UU. está aumentando en Europa y que los misiles retirados se instalan en los barcos de guerra. El objetivo es engañar a Rusia y convencerla para que contibuya, o al menos no ponga obstáculos, a la campaña de EE.UU contra irán. «El presidente Bush tenía razón» –declaró Obama-, «al afirmar que el programa de misiles balísticos de Irán constituye una amenaza para Europa y para Estados Unidos». Pretender que Irán pueda planear un ataque suicida contra EE.UU. es grotesco. La amenaza, si existe, es unilateral y proviene de la superpotencia mundial instalada en las fronteras de Irán.
El crimen de Irán es su independencia. Habiéndose desembarazado del dictador favorito de EE.UU., el Sha Reza Palevi, Irán es el único Estado musulmán rico en recursos energéticos que permanece fuera del control de Estados Unidos. Como Israel es el único país que tiene derecho a la existencia en Oriente Próximo (para EE.UU. y sus aliados, NdT), el objetivo de EEUU es paralizar a la República islámica. Esa estrategia permitirá a Israel dividir y dominar la región en nombre de Washington sin que le molesten sus vecinos. Si hay un país en el mundo que tiene buenas razones para desarrollar una fuerza de disuasión nuclear, es justamente Irán.
En tanto, como signatario fundador del Tratado de no Proliferación Nuclear, Irán siempre ha defendido la idea de la existencia de una zona sin armas nucleares en Oriente Próximo. Por el contrario, Israel nunca ha aceptado la inspección de la AIEA (International Atomic Energy Agence) y su base de armas nucleares en Dimona es un secreto «a voces». Armado de 200 ojivas nucleares, Israel rechaza las resoluciones de las Naciones Unidas que invitan a firmar el Tratado de no Proliferación, como rechaza el reciente informe de las Naciones Unidas que le acusa de crímenes contra la humanidad en Gaza batiendo el récord mundial de violaciones del Derecho Internacional. Israel sale sin problemas de esta situación gracias a la inmunidad que le garantiza una gran potencia mundial.

El enfrentamiento de Obama con Irán tiene otra agenda. En ambos lados del Atlántico los medios tienen como misión preparar al gran público para una guerra sin fin. De acuerdo con la cadena estadounidense NBC, el general Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas de la OTAN/EE.UU., declaró que hará falta comprometer 500.000 hombres en los próximos cinco años. El objetivo de este compromiso es controlar el precio estratégico del gas y de los campos petroleros del mar Caspio, Asia Central, el Golfo e Irán; en otras palabras, Eurasia. Sin embargo, el 69% de los británicos, el 57% de los estadounidenses y casi todos los demás seres humanos están contra esa guerra. Persuadirnos de que Irán es el nuevo demonio no será fácil. La afirmación falaz de McChistal declarando que Irán está manifiestamente entrenando combatientes para ciertos grupos talibanes es tan desesperada como la demanda patética de Brown por un «nuevo trazado en la arena».
Durante los años de Bush, de acuerdo con el gran denunciante Daniel Ellsberg, se produjo un golpe de Estado militar en EE.UU. y el Pentágono tomó el poder sobre todo lo relacionado con la política exterior estadounidense. Una medida de su poder la da la cantidad de guerras de agresión lanzadas simultáneamente y la adopción de una doctrina de ataque preventivo que bajó el umbral del posible recurso a las armas nucleares y difuminó la distinción entre armas nucleares y convencionales.
Todo esto vuelve irrisoria la retórica mediática de Obama con respecto a un mundo sin armas nucleares. De hecho, Obama es la mejor adquisición del Pentágono. Su aceptación de conservar en su equipo al secretario de defensa de Bush, el archi-productor de guerras Robert Gates, ha sido hecho único en la historia de Estados Unidos. Gates demostró su capacidad con la escalada de los conflictos, desde el sur de Asia hasta el cuerno de África. Igual que los Estados Unidos de Bush, los Estados Unidos de Obama están dirigidos por gente muy peligrosa. Todos tenemos el derecho a estar advertidos. ¿Cuándo las personas a quienes se paga para informarnos desempeñarán correctamente su trabajo?

John Pilger

Johnpilger.com

Traducido del inglés por Guillermo F. Parodi y revisado por Caty R.

La consigna es resistir

Muchas son las movilizaciones populares contra las exacciones del negocio agro-petro-minero. El caso de la Unión de Asambleas Ciudadanas y de los colectivos Paren de Fumigar, de Argentina.
Organizaciones vecinales, de campesinos y defensoras del medio ambiente convergen en actos y movilizaciones ante la ofensiva del complejo agro-petro-minero, basado en la explotación de los bienes comunes naturales, y en la extranjerización y concentración de ese sector productivo.

Un alto grado de participación se registró en ese sentido, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en ocasión del reciente Segundo Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados, convocado por la Campaña Paren de Fumigar.
Dicha campaña es impulsada por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), al que se le sumó la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Ese encuentro fue emblemático por varias razones: en principio, por el reconocimiento de los movimientos sociales de que tanto las transnacionales del “agronegocio”, como las del “petronegocio” y “mineronegocio” son parte de un mismo modelo, que provoca destrucción y contaminación del ambiente, despoblamiento de los territorios y saqueo de los bienes comunes naturales.
La UAC está conformada por grupos de vecinos autoconvocados y organizaciones autónomas no partidarias ni vinculadas al aparato estatal, reunidas en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos, resistiendo a lo largo y a lo ancho de las rutas y caminos argentinos los emprendimientos de minería a cielo abierto.
La Campaña Paren de Fumigar nació como consecuencia de la fumigación con agrotóxicos sobre poblaciones rurales y urbanas. Se trata de una acción nacional que tiene por objetivo asegurar la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y poner en marcha la repoblación del campo. Esta campaña parte del concepto de Soberanía Alimentaria y su trabajo consiste en recopilar datos y testimonios de pobladores afectados (relevamiento de enfermos y análisis de agua y suelo), para dar evidencia de los efectos negativos que provoca la aplicación de productos tóxicos como el herbicida glifosato.
Jorge Rulli, del GRR, señaló que “no es casual que tantas expresiones de luchas sociales y ecologistas se hayan dado cita en San Lorenzo, que es el puerto donde coinciden las rutas de la soja y de la minería. San Lorenzo es el vórtice de un embudo que llaman modelo agroexportador, por donde se van las riquezas en un proceso que provoca creciente iniquidad, desempleo, desarraigo, indigencia y hacinamiento urbano marginal”. El encuentro en esa ciudad santafecina tuvo lugar a mediados del mes pasado.
Próximo a la ciudad, se ubica el complejo portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín, lugar que representa la versión emblemática de las vías del saqueo. Allí se producen y embarcan para la exportación, cereales, oleaginosas, agrocombustibles y diversos compuestos químicos; además, convergen las vías de ferrocarril provenientes del emprendimiento minero de Bajo de La Alumbrera, situado en la provincia argentina de Catamarca. De este complejo de muelles privados sale el 40 por ciento del total exportado en granos, subproductos oleaginosos y minerales, según informes de los organizadores.
En una declaración final, los movimientos sociales reunidos en San Lorenzo - el "corazón del país extractivo" - destacaron como propio del proceso globalizador la devastación planetaria, el despoblamiento territorial, la desaparición de la vida rural y el sometimiento de los países a los mercados globales. En Argentina, las políticas que generaron esa situación contarían además con el respaldo de científicos y funcionarios "ganados" durante su formación profesional para el ideario del progreso ilimitado.