Con el llamado a declaración indagatoria al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Maurizio Macri, se abrió el debate en la Legislatura porteña sobre qué hacer en el caso de que el juez federal Norberto Oyarbide lo procese por incumplimiento de los deberes de funcionario público, o jefe de una asociación ilícita dedicada a pinchar teléfonos a opositores.
Mientras el PRO mantiene una defensa cerrada de su líder, la oposición se divide entre quienes aseguran que lo analizarán llegado el caso, y los que cortan la cadena de responsabilidades en el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
La posibilidad de pedir el juicio político ya fue anticipada por las bancadas Encuentro Popular para la Victoria, Proyecto Sur, e Igualdad Social, pero no sumarían los votos necesarios para iniciar el proceso. Pero en despachos opositores dicen que en caso de que quede el procesamiento firme, no serían necesarios los dos tercios de los votos para iniciar el proceso, pero sí para la destitución.
