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martes, 29 de diciembre de 2009

El Acuerdo para la Seguridad Democrática, una propuesta diferente contra la inseguridad



El Acuerdo para la Seguridad Democrática era presentado hoy en el Congreso en una iniciativa multisectorial que, sin nombrarla, critica la gestión del gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. La propuesta plantea fijar principios básicos para la construcción de una política de Estado que brinde una respuesta al problema con una mirada democrática y profesional. 
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia, sostiene el documento firmado por un amplio espectro político que va desde el presidente de bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pasando por los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín, los independientes Claudio Lozano y Martín Sabbatella y el peronista disidente Felipe Solá. También la apoyan el gobernador chaqueño Jorge Capitanich; el líder de la CTA, Hugo Yasky, y el titular de la CGT, Hugo Moyano. También lo firman el CELS, la Comisión por la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos. 
El documento esta separado en 10 puntos, en uno de ellos se hace referencia a que la sanción y prevención del delito requiere de un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de estados mayores policiales autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática. Scioli designó al frente de la Policía a un hombre de la fuerza, borrando de un plumazo la reforma policial llevada adelante por Arslanian. En el documento se habla de procesos interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.