La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado nacional, presentó contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al procurador General de la Nación, Esteban Righi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del Gobierno, hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicarla por un largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la vieja Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura.
La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la Justicia mendocina, que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas.
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte, y dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está irregularmente suspendida, ya que los jueces no sólo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino, que la Justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país.
