Hace apenas un par de meses atrás, la Cámara Federal reactivó una causa por sobreprecios en las tareas de reformas del Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, que involucra a una empresa constructora estrechamente vinculada a la familia Macri.
Esta causa nació en 2006, a consecuencia de una licitación ganada por la firma Calcaterra SACIF, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
En su momento actuó el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 7, por entonces a cargo de Guillermo Montenegro, actual ministro de Seguridad macrista, quien no hizo nada para impedir que esa empresa obtuviera el contrato de obra pese a evidentes fallas, dando lugar a la figura de beneficiar al contratista.
Sobre todo si se tiene en cuenta que, más tarde y sin presentar estudios que lo avalaran, Calcaterra pidió una suma extra de 900 mil dólares, con el argumento de que la estructura no soportaría el peso de la construcción proyectada.
Pese a esto Montenegro ordenó en octubre de 2007 archivar el caso.
Más tarde, el magistrado saltaría al Ejecutivo porteño. Ahora, la Cámara revocó ese fallo y volvió a poner bajo la lupa al clan Macri y sus negocios privados con el Estado.
