Bolivia- Encuentro Nacional de Seguridad Ciudadana
En Bolivia no le dejan servido el tema de la inseguridad a la derecha, para que agiten la mano dura o la pena de muerte, sino que además de haberse convertido en política de Estado, le dan protagonismo a los movimientos sociales, y transparentan ante la sociedad el funcionamiento de la fuerza policial.
Tras dos días de debates y con la adopción de varias medidas, concluyó hoy en la Ciudad de Cochabamba, el III encuentro nacional de seguridad ciudadana.
En la reunión participaron autoridades gubernamentales, representantes de los órganos Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Policía Boliviana y los movimientos y organizaciones sociales.
Los asistentes al encuentro debatieron como articular planes, programas, proyectos y acciones inherentes a la seguridad en el ámbito nacional, departamental y municipal, y formular la política pública en materia de prevención, control y de rehabilitación, bajo un marco jurídico y financiero transparente.
Como parte de la cita, el ministerio de Gobierno anunció la instalación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado de recopilar estadísticas sobre delitos, violencia, sensación de inseguridad, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, accidentes de tránsito. En líneas generales este organismo investigará el comportamiento delictivo en el país, afirmó Miguel Vásquez, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, informando a su vez que esta entidad contará con recursos ascendentes a 570 mil dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
En una primera etapa, el Observatorio comenzará a funcionar en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
El responsable nacional de esta nueva entidad, Ángel Camacho, explicó que las informaciones sobre el tema, tras ser analizadas y procesadas, serán devueltas a la ciudadanía en forma de publicaciones y estadísticas para conocimiento de los gobiernos departamentales y locales.
En cada municipio, agregó, se formarán consejos de seguridad ciudadana para ser parte de este proyecto.
Los asistentes al citado encuentro también realizaron un diagnóstico sobre la situación de inseguridad en el país y la inversión y limitaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que administran prefecturas y municipios.
En la reunión participaron autoridades gubernamentales, representantes de los órganos Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Policía Boliviana y los movimientos y organizaciones sociales.
Los asistentes al encuentro debatieron como articular planes, programas, proyectos y acciones inherentes a la seguridad en el ámbito nacional, departamental y municipal, y formular la política pública en materia de prevención, control y de rehabilitación, bajo un marco jurídico y financiero transparente.
Como parte de la cita, el ministerio de Gobierno anunció la instalación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado de recopilar estadísticas sobre delitos, violencia, sensación de inseguridad, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, accidentes de tránsito. En líneas generales este organismo investigará el comportamiento delictivo en el país, afirmó Miguel Vásquez, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, informando a su vez que esta entidad contará con recursos ascendentes a 570 mil dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
En una primera etapa, el Observatorio comenzará a funcionar en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
El responsable nacional de esta nueva entidad, Ángel Camacho, explicó que las informaciones sobre el tema, tras ser analizadas y procesadas, serán devueltas a la ciudadanía en forma de publicaciones y estadísticas para conocimiento de los gobiernos departamentales y locales.
En cada municipio, agregó, se formarán consejos de seguridad ciudadana para ser parte de este proyecto.
Los asistentes al citado encuentro también realizaron un diagnóstico sobre la situación de inseguridad en el país y la inversión y limitaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que administran prefecturas y municipios.
