El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, garantizó el respaldo al sector empresarial nacional para todo lo que sea eficiente, guardando la premisa de justicia social, y que ayude a generar empleo, producción sostenible y una sociedad mejor para todos.
El mandatario aclaró que los empresarios privados y el Gobierno no son rivales, y les hizo un llamado a la autocrítica para acabar la inequidad, ante la gran explotación laboral que se ha vivido en ese país en los últimos años, donde la clase trabajadora ha sido precarizada.
Correa explicó la política laboral y salarial del Gobierno para buscar la justicia social, mediante propuestas integrales y políticas salariales basadas en reformar las relaciones asimétricas capital-trabajo y homogenizar remuneraciones, salarios y condiciones de la clase trabajadora.
El Mandatario explicó la diferencia entre salario mínimo y salario digno, el cual multiplicado por la tasa de trabajadores por familia, permitiría adquirir casi toda la canasta básica.
Planteó entonces la propuesta de que los empleadores deberían pagar primero un salario digno a todos sus empleados y que el último de los trabajadores gane hasta 320 dólares, antes de declarar utilidades, y para lo cual sugirió un debate amplio.
Uno de los planteamientos del primer mandatario para que el salario básico unificado llegue a ser en un futuro un salario digno, es prorratear los sobresueldos, como las remuneraciones adicionales, para saber cuánto gana cada trabajador y decidir de forma acertada.
