La Fiscalía boliviana exigirá hoy, el cumplimiento de una orden judicial, para proceder a la desclasificación de los archivos militares sobre las dictaduras en la nación andina.
El fiscal a cargo del proceso, Milton Mendoza, advirtió el sábado pasado, que se podría plantear un juicio ordinario al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, si evita entregar los documentos pedidos.
La pasada semana, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia ordenó desclasificar los archivos existentes en el Estado Mayor desde 1979, a diciembre de 1980.
Los demandantes pidieron también el reporte de ingresos y salidas del Estado Mayor del Ejército, del 10 al 20 de julio de 1980, para establecer quiénes estuvieron en esas instalaciones durante el golpe de Estado del 17 de julio de ese año.
La víspera, el recién electo Defensor del Pueblo boliviano, Rolando Villena, pidió a las fuerzas armadas, acatar la disposición judicial, y llamó a pasar la página de la historia del país, con dignidad para hacer justicia.
Sin embargo, algunos especialistas se muestran pesimistas sobre el asunto, pues previamente las instituciones castrenses se negaron a cumplir mandatos similares alegando que se vulneraría su Ley Orgánica.
Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia, existen 156 denuncias registradas por la organización sobre personas desaparecidas en las dictaduras de 1960, 1970 y 1980.
