A una semana de la presentación oficial del informe Papel Prensa - La Verdad, el gobierno formalizó ayer la decisión de denunciar, ante la justicia, las irregularidades detectadas en la compra de acciones de la fábrica, por parte de Clarín, La Nación y La Razón, durante la dictadura militar. Lo hizo a través del Decreto 1210 publicado ayer en el Boletín Oficial.
Tal como había anunciado, siete días atrás en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández, instruyó formalmente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que ambos realicen las presentaciones ante la justicia.
Junto a ese mandato, instaló la denuncia de apropiación ilegal de Papel Prensa en el Congreso, con el envío de un proyecto de ley, para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel de diario.
