El juez federal Ariel Lijo, investiga desde ayer, si en la División Trata de Personas de la Policía Federal, se cobran coimas a dueños de prostíbulos, para permitir que continúen en funcionamiento. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que es personal de la Policía Federal, que integró hasta hace poco la división creada especialmente para el combate de la trata de personas, y que incluso intervino en algunos procedimientos.
La mujer, Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, nacida en Paraguay, pero nacionalizada argentina, es personal administrativo de la fuerza, y dice haber realizado tareas de inteligencia, dentro y fuera de prostíbulos, y acusó directamente al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar el dinero proveniente de acusados, por el delito de trata de mujeres para la prostitución.
También denunció un intento por parte de ese oficial, de plantar dos menores en un boliche de Pompeya, como parte de una interna policial. Desde la Oficina de Comunicación de la Policía Federal, desestimaron la denuncia, aludiendo que esta mujer está con licencia médica de características psiquiátricas, dijo el comisario Ricardo Pedace, responsable del área.
Sin embargo, fuentes del juzgado federal dijeron que se trata de un relato creíble, en la medida en que se pueda chequear, y anunciaron que se dará intervención en el caso, a la Unidad Fiscal para la trata de personas. También dispuso una custodia permanente por parte de efectivos de la Gendarmería, para garantizar la seguridad de la mujer.
