El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, solicitó a la Asamblea Nacional denunciar lesivos convenios vigentes, en materia de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con naciones como Francia, Suecia y el Reino de los Países Bajos.
La petición del Ejecutivo se sustenta en la consideración de que dichos convenios incluyen cláusulas contrarias a la Constitución, disposiciones que atentan contra los intereses nacionales.
Entre ellas están las que establecen un sometimiento del Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales en caso de controversias y conflictos relativos a las inversiones extranjeras, lo cual implica un desconocimiento de la jurisdicción ecuatoriana.