La fiscal Cristina Caamaño dio el primer paso para subir en la escala de responsabilidades, por el ataque de una patota de la Unión Ferroviaria que causó la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y les provocó heridas a otras tres personas. La fiscal pidió la declaración indagatoria del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos El Gallego Fernández.
Los abogados de las querellas y de las defensas de los siete procesados se sorprendieron al ver el escrito en el cuerpo 20 de la causa. La representante del Ministerio Público entendió que hay elementos suficientes para que Pedraza y Fernández brinden explicaciones sobre qué papel desempeñaron en el armado de la emboscada.
Tras el levantamiento del secreto de sumario, los abogados de las partes pudieron fotocopiar la causa y comenzar a puntearla. Los representantes del Partido Obrero, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional CORREPI, y de otros organismos defensores de los Derechos Humanos venían reclamando que la investigación apuntara -hacia arriba, hacia los pescados gordos-.
