El gobierno venezolano intensificó este jueves las medidas contra empresas inmobiliarias y compañías constructoras que han estafado a miles de familias con la aplicación de aumentos y el incumplimiento en los contratos para la adquisición de apartamentos.
Tras la investigación de 230 casos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, confirmó la detención de ocho personas y anunció acciones penales contra otras nueve.
Ortega agregó que cuatro personas tienen orden de captura, mientras que a 39 se les prohibió la salida del país y cuatro más deben presentarse periódicamente ante los tribunales.
El gobierno venezolano adoptó medidas contra las estafas inmobiliarias desde el pasado 31 de octubre, cuando el presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales.
